sábado, 15 de abril de 2017

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Epístola a los pobres de espíritu + Triste evidencia de la vulnerabilidad + Informe recomienda menos represión + Derrotar el modelo de exclusión

Epístola a los pobres de espíritu


Guatemala, 12 de abril de 2017

 

Sobre el sufrimiento eterno y la vida perdurable, amén.

 

De nuevo he logrado escapar a la asfixia de la Semana Santa en Guatemala, y disfruto del feriado en Costa Rica, en donde la fe católica no alcanza el paroxismo patético de sangre y muerte con el que el barroco religioso sigue torturando los corazones y las mentes de la ex-Capitanía General, agobiada hasta hoy por las estructuras y las mentalidades coloniales.

 

Ciertamente, en el resto de Centroamérica la Colonia no pesa tanto tras el mecapal ideológico de servidumbre, como gravita en el ex-Virreinato de México y en Guatemala. Sobre todo en Guatemala, si se trata de la Semana Santa, cuyo único parangón está en Sevilla con su clima de santos y toros, mujeres de negro, cuchillos y luna, evocado tantas veces por García Lorca.

 

A pesar de todo, la posmodernidad light ha venido a llenar la atmósfera enrarecida de la religiosidad guatemalteca con su más depurada vacuidad, tal como lo ha llenado todo con los leves contenidos de su relativismo ecualizador y por ello paralizante. De modo que si antes resultaba pintoresco mirar a los cucuruchos "fondeados" de borrachos en las plazas de Antigua, hoy resulta entretenido ver a los millennials —cargadores de santos y vírgenes— separando su hombro del anda y regodeándose en su astucia cual traviesos herejes que así se "rebelan" contra sus papás y, de pasada, dizque también contra el sistema que les censura las greñas "emo" y la sonrisa flotante propia de las mentes en blanco.

 

Esto, empero, no quiere decir que el conservadurismo feroz y reaccionario del catolicismo inquisitorial que vino con los colonizadores haya menguado. Claro que no. Bajo las andas, sudados y con desbordada expresión de sufrimiento contrito, se ve a legiones de falsos culposos cargando a santos en los que no creen, pagando grandes sumas de dinero para ser vistos en tales trances y hacer méritos dentro de la hermandad, la cofradía, la mafia burocrática, el círculo de servidumbre.

 

Por otro lado, también se ve a los culposos de verdad, tragándose el cuento de que a ellos se debió el martirio de su dios, y el de que esta vida se hizo para merecer otra que, después de la muerte, les deparará la dicha eterna. Vaya manera de inmovilizar a la masa ignara.

 

De todo esto y, además, de los tediosos embotellamientos de tránsito que esta hipocresía colectiva produce, me estoy librando en Costa Rica, en donde las alfombras sobre el pavimento están pintadas con brocha gorda y en donde las procesiones son modestas y livianas, como lo es la fe en donde no hubo peso colonial porque tampoco hubo una cultura sobre la que se hiciera recaer el yugo de la explotación colonizadora; y en donde los colonos echaron raíces en medio de la nada para su solaz y esparcimiento sin trabas.

 

He dicho antes que sería más sano conmemorar la resurrección y no la muerte de Cristo, porque aquélla es la prueba de que él triunfo sobre ésta por medio de su fuerza espiritual. Y que la solemnidad morbosa con que se conmemora en mi país su muerte, expresa la conflictividad emocional del guatemalteco: un ser torturado por el miedo, la muerte y la sangre desde mucho antes que el barroco los glorificara para eterna amargura de los pobres de espíritu, cuando los quichés masacraban a los cachiqueles y los mexicas sometían a los quichés.

 

Bienaventurados pues los ignaros porque de ellos es el reino de la ilusión de la vida perdurable a cambio del más disciplinado —o alegremente fingido— sufrimiento.

 

Podéis ir en paz…

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Triste evidencia de la vulnerabilidad

 

La vulnerabilidad nacional usualmente tiende a ser vista desde una óptica urbana, pero las carencias y la precariedad son patéticas en extensas regiones del país, donde el Estado no existe, como se constata ahora con los incendios forestales que arrasan miles de hectáreas en áreas protegidas de Petén.



Desde hace años se sabe que en ese departamento se concentran diversos grupos al margen de la ley, entre ellos narcotraficantes, narcoganaderos, invasores y traficantes de personas, algunos de los cuales podrían ser los responsables de haber iniciado el siniestro para poder utilizar posteriormente esos terrenos para fines agrícolas o ponerlos al servicio de malhechores.



Esta actividad criminal ha crecido en los últimos años y ha encontrado un terreno propicio para actuar al margen de la ley, ya que las autoridades más cercanas no solo están a kilómetros de distancia de donde ocurren los abusos, sino que son susceptibles de ser sobornadas, lo cual sería su mejor elección, antes de exponer su integridad a criminales bien armados.


La falta de recursos, la indolencia y la corrupción son factores que confluyen en el daño del patrimonio nacional, pues incendios como los que ahora consumen Laguna del Tigre, en la Biosfera Maya, son producto del abandono crónico y repercuten en el enorme daño para el ambiente, en un país donde existe poco aprecio por la naturaleza y donde el dinero impone condiciones para extender la territorialidad al servicio de mafias.



Los mismos gobernantes tienen pleno conocimiento de las irregularidades prevalecientes, como lo reconoció el martes el vicepresidente Jafeth Cabrera, quien declaró a los periodistas que narcotraficantes buscan construir narcopistas en esa región o presuntos ganaderos también pretenden crear condiciones en el lugar para la crianza de ganado, acciones que, por supuesto, son intolerables y deben ser combatidas de manera inmediata.



Cuando el Estado se muestra tolerante a actividades ilícitas en contra del patrimonio natural, se convierte en cómplice de esos criminales, pues existe suficiente información respecto de esas irregularidades, como reiteradamente lo han hecho ver las autoridades responsables de administrar el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, quienes incluso han gestionado medidas de desalojo en contra de centeneras de invasores.


Solo en la zona de Laguna del Tigre se ha denunciado la existencia de unas 33 comunidades residentes de manera ilegal en la región, y se cree que algunos de los inconformes podrían ser responsables de desencadenar los siniestros, lo cual también es intolerable, porque sus consecuencias constituyen una tragedia ambiental que atenta contra otros sistemas de vida, cuyo hábitat hoy se ha convertido en cenizas.


Las autoridades deben ir más allá de la denuncia y emprender acciones para frenar esta tragedia ecológica, pero también deben tomar medidas de largo plazo para recuperar ese territorio, pues un ecocidio de esta naturaleza tiene repercusiones globales, como la destrucción de uno de los pocos pulmones que le quedan a una zona marcada por la indolencia y la vulnerabilidad, lo que una vez más se constata en Petén.

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Informe recomienda menos represión respecto al problema de pandillas en Centroamérica

 

Guatemala, 14 de abril de 2017

Un reciente informe de un reconocido grupo de observación y análisis de políticas señala que los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica deben encontrar un término medio en su empeño por hacer frente a las violentas pandillas de la región, a la vez que se mantiene el Estado de derecho y la legitimidad de los gobiernos.



El informe, realizado por el International Crisis Group (ICG) enumera varias medidas que los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) deberían tomar para frenar la violencia relacionada con las pandillas y mejorar la seguridad ciudadana. Una de las principales recomendaciones es "Participar de forma transparente en medidas de fomento de la confianza con las maras, sin necesariamente entablar un diálogo directo".



El informe distingue claramente entre "medidas para generar confianza" y conversaciones abiertas, que llevaron a la llamada tregua entre pandillas en El Salvador en 2012. Dicha tregua permitió disminuir los niveles de violencia, pero sus detractores dicen que les otorgó mayor legitimidad política a las pandillas. La violencia comenzó a aumentar precipitadamente después de la ruptura de la tregua, y la tasa de homicidios ascendió a más de 100 por cada 100.000 habitantes en el año 2015.



"Este intento frustrado de lograr la paz ha tenido la consecuencia imprevista de establecer a las maras como actores políticos con capacidad para negociar y hacer cumplir acuerdos", dice el informe. "Pero los gobiernos no deben entrar en diálogo directo con las maras para poner en marcha un proceso de pacificación".



El ICG sostiene que las pandillas deben además adoptar medidas de buena voluntad para demostrar que están comprometidas con la reducción de la violencia. Ello incluye poner fin al reclutamiento forzado y permitir que las personas se desplacen libremente por las comunidades controladas por las pandillas.



Una vez más, el ICG señala los posibles efectos negativos de la implementación de esta política. La creación de estos corredores seguros podría convertirse en una manera para que las pandillas aumenten su "influencia política y social".



Los gobiernos también deben abordar el hacinamiento crónico en las cárceles, como indica el informe, con el fin de reducir el uso de la prisión preventiva y encontrar alternativas al encarcelamiento, como el uso de dispositivos de localización GPS. Esta estrategia marcaría un cambio con respecto al enfoque extremadamente punitivo conocido como "Mano Dura", al hacer mayor énfasis en la rehabilitación.



En ese mismo sentido, el ICG les recomienda a los gobiernos del Triángulo Norte concentrarse en los crímenes de alto impacto como el homicidio, la violación y el desplazamiento forzado. El informe indica que las autoridades deben responder a otras actividades pandilleras menos nocivas mediante estrategias de prevención del crimen que busquen abordar los factores sociales y económicos subyacentes.



El informe presta especial atención a la extorsión, a la que considera el "sustento criminal" de las pandillas, así como su "motor económico". Sólo en El Salvador, la extorsión les cuesta a las empresas unos US$756 millones al año, dice el informe. Encontrar maneras de integrar a los miembros de las pandillas a la economía legal, como brindarles oportunidades laborales, reduciría su dependencia económica de las actividades ilícitas como la extorsión, agrega el informe.



Pero el ICG reconoce que proporcionar "ayuda al desarrollo en el contexto de las comunidades controladas por pandillas plantea enormes desafíos". El informe pone como ejemplo pequeñas empresas creadas por organizaciones no gubernamentales en Honduras, que tuvieron que ser cerradas porque comenzaron a recibir amenazas de extorsión.



Lo que quizá llama más la atención en el informe del ICG es que proporciona pocas orientaciones políticas (o quizá ninguna). El documento no plantea tanto una estrategia en particular sino que es más bien un intento por explorar alternativas frente al actual enfoque de Mano Dura. Muchas de estas alternativas tienen sus propios riesgos, y por tanto las autoridades tendrían que prepararse para ellas. Finalmente, concluye, no hay ninguna regla de oro frente al problema de las pandillas en el Triángulo Norte.



"En su afán de abordar la inseguridad y la delincuencia que estos grupos perpetúan, los estados y el sistema judicial no pueden ignorar las condiciones que han dado lugar a las maras, ni esperar que la identidad pandillera –y los vacíos existenciales que ha llenado en las vidas de los jóvenes– desaparezcan.", indica el informe.



Sin embargo, se están dando iniciativas prometedoras en Centroamérica y otros países, que sirven como ejemplo del tipo de recomendaciones formuladas por el ICG. Un metaanálisis realizado en el año 2016, sobre las estrategias de prevención de la delincuencia, permitió identificar que concentrarse en la disuasión, que consiste en identificar a los crimínales más violentos para que las autoridades se comuniquen con ellos para darles señales claras sobre las consecuencias de continuar ejerciendo la violencia, permitió reducir los homicidios entre uno y dos tercios en el 90 por ciento de las intervenciones.



Si bien este informe sólo analiza datos recogidos en Estados Unidos, fue realizado por la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID por sus iniciales en inglés) con el fin de determinar de qué manera éste y otros enfoques podrían ser implementados en el Triángulo Norte. El fundador de un innovador programa de intervención de las pandillas en Los Ángeles ya ha comenzado a adaptar su modelo a la dinámica de seguridad local en Honduras y El Salvador.


Aunque estos programas no romperán el ciclo interminable de violencia pandillera en el Triángulo Norte de la noche a la mañana, sí pueden ser un paso en la dirección correcta para orientar a las autoridades hacia la profesionalización de la policía y hacia una estrategia que se centre en la pequeña cantidad de población que está cometiendo una cantidad desproporcionada de actos criminales.

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Derrotar el modelo de exclusión

Guatemala, 11 de abril de 2017          

En demanda de la libertad de Abelino Chub Caal y el fin de la persecución política

 

Malos tiempos para la protesta y el ejercicio de derechos. Grandes y pacíficas movilizaciones son calificadas en medios de comunicación como desorden, ruido, caos, bloqueo a la libertad de locomoción (ejemplo, 7 de marzo, Comité de Desarrollo Campesino, CODECA).



Los promotores de las reformas constitucionales y el pluralismo jurídico nos ponen en riesgo a todos, nos colocan en la incertidumbre y dividen, con irresponsabilidad, según opiniones de sectores empresariales.



Comunidades indígenas que ejercen su derecho de decisión aparecen en comunicados de prensa promovidos por organizaciones empresariales como responsables de la subida de la luz, la escasez de energía, la huida de la inversión por inseguridad jurídica, la pérdida de empleos.



Dirigentes son encarcelados por defender su territorio, el agua y la tierra como elementos de vida, tal y como sucede con Bernardo Caal en Santa María Cahabón y el líder q´eqchi´Abelino Chub Caal en el Polochic.



Si usted no se cree la agresividad verbal de esta campaña, vuelva a escuchar los 108 segundos más intensos de la radiodifusión nacional, un anuncio que se multiplicó durante el debate de las reformas constitucionales y el pluralismo jurídico. En el mensaje reproducido de forma profusa, los empresarios reivindicaron igualdad, seguridad, certeza y responsabilidad (situación actual) y alertaron contra reformas que nos ponen en riesgo, en la incertidumbre y nos afectan a todos (situación que se daría de aprobarse las reformas).



Si usted no lo cree, revise los comunicados y declaraciones empresariales sobre la reglamentación del derecho de consulta: invalidan la consulta al reducirla a diálogo; plantean la homologación retroactiva de los proyectos en marcha, aunque no hayan realizado consulta ni diálogo; contraponen intereses de sectores (pueblos y comunidades) al interés general, representado en el Estado.



Fin y principio del debate


Entre el Armagedón y la debilidad argumentativa: la defensa de la libertad de industria, comercio, trabajo y de propiedad privada, de la Certeza jurídica y el Índice de Confianza de Inversión Directa en el país (cámaras empresariales), obvia el derecho de pueblos y comunidades a decidir si quieren proyectos, empresas y lo que algunos llaman desarrollo pero se parece demasiado al despojo. Obvia asimismo las consecuencias profundamente destructivas del accionar irrestricto empresarial: el modelo extractivo defendido por los empresarios despoja y se impone por la violencia, en un marco de democracia muy restringida.



Las campañas de comunicación empresarial cierran discusiones incómodas desde el punto de vista de un poder construido sobre verdades inmutables y nada discutidas: verdades establecidas al antojo de las elites dominantes, sin espacio para el ejercicio del poder de pueblos, comunidades y organizaciones.



En la trastienda de la historia oficial, se ocultan demandas y debates de fondo: el debate sobre el colapso histórico de un Estado y un modo de organización construido con violencia y exclusión; el debate sobre el modelo de desarrollo, el racismo, el patriarcado, el capitalismo; el debate que nos interroga y nos hace ir más allá de lo conocido: ¿es posible un modelo económico sin extracción de recursos, con respeto a la naturaleza y a la población, que tenga en cuenta no solo la ganancia inmediata, sino el bienestar de las generaciones actuales y futuras? Tiene que ser posible, porque "conciliar" derechos de las empresas extractivas con derechos de las comunidades nos está llevando a un callejón sin salida, como evidencian las comunidades de Costa Sur tan ricas en monocultivo y desvíos de ríos como carentes de agua.



Construcción plural desde abajo frente a un nuevo pacto de elites

El 29 de marzo, en una decisión histórica, la Asamblea salvadoreña aprobó la ley que prohíbe la minería metálica en el país. Una versión preliminar de la ley incluía en sus considerandos (finalmente no incorporados al texto) la reivindicación del interés público y el bien común, la necesidad de la preservación de la riqueza natural del país para las generaciones actuales y futuras, al tiempo que declaraba la soberanía y libre disposición sobre los territorios y los bienes naturales. Lo que este proyecto dice, al margen de otras lecturas de política interior, es que el modelo de exclusión puede ser cuestionado. La condición es que lo pensemos y construyamos entre todos, con protagonismo desde abajo de pueblos, comunidades y sectores populares.



No sirven los diálogos de los de siempre, concebidos para distraer y no para resolver los conflictos, sin otra agenda que la seguridad de inversiones, los derechos de las empresas, la constitucionalización de la propiedad privada, el estado de derecho entendido como el derecho a hacer negocios. Tampoco parecen suficientes esfuerzos desarticulados y movilizaciones aisladas.



La crisis profunda de este Estado y este modelo autoritario y excluyente nos obliga a pensar nuevas formas de organización y sujetos plurales y colectivos que superen la historia de violencia y construyan, desde este presente hecho por unos pocos, el futuro de todas y todos.