lunes, 10 de abril de 2017

El Salvador marcó el camino: prohibió la minería metálica + Empeorando la tragedia

 

 

El Salvador marcó el camino: prohibió la minería metálica

 

El artículo 2 del decreto 639 de la Asamblea Legislativa de El Salvador dice: «La prohibición a la minería metálica incluye las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea a cielo abierto o subterráneo [sic]. También se prohíbe el uso de químicos tóxicos, como cianuro, mercurio y otros, en cualquier proceso de minería metálica».

 

Visité El Salvador a principios del 2016 con la intención de entrevistarme con defensores de derechos humanos, políticos y varias personas expertas en el área del medio ambiente, especialmente en el área de la minería. La primera sorpresa agradable que me llevé fue saber que en El Salvador había 73 solicitudes de permisos de exploración minera y que ninguna ha sido aprobada gracias a la prohibición o mora de hecho que los gobiernos de aquel país han sostenido desde el 2006.

 

Me di entonces a la tarea de investigar los motivos de esa prohibición, lo cual me llevó a entrelazar cuatro actores sociales: a) la población organizada en coaliciones o movimientos sociales a favor del ambiente, b) la academia a través de la Universidad Simeón Cañas, c) la Iglesia católica como motor de acompañamiento y d) el procurador de los derechos humanos.

 

Los movimientos sociales de resistencia a la destrucción del medio ambiente fueron los motores claves en detener la minería metálica. Realizaron consultas en diversos municipios y en cuatro de ellos, todos en el departamento de Chalatenango, lograron que los consejos municipales emitieran ordenanzas de prohibición, con las cuales se declararon municipios libres de minería.

 

Asimismo, evidenciaron la situación de la mina San Sebastián, que mató el río con el mismo nombre luego de contaminarlo al punto de que hoy ha sido declarado irrecuperable por la polución metálica. Se calcula que, en el escenario más bajo, se consumen aproximadamente 3 700 litros de agua por onza de mineral extraído. Con ello, El Salvador, país de pocos ríos en términos relativos, acabaría con una grave crisis de agua dulce.

 

Lamentablemente, en esas áreas las empresas mineras (como acá en Guatemala) ganaron adeptos que promovían los discursos de que la minería trae desarrollo y trabajo (lo más cínico), de que las minas no contaminan y de que son la única vía para salir de la pobreza.

 

Esos discursos provocaron conflictividad social innecesaria. De acuerdo con la Universidad Centroamericana, el 79.5 % de la población salvadoreña expresó que la minería no era apropiada para El Salvador. En otras palabras, que el modelo económico de desarrollo no requiere de la minería.

 

La academia y el procurador de los derechos humanos articularon muy bien esa opción por un modelo económico distinto, no basado en la extracción y en la destrucción de la naturaleza. Según datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, entre 2010 y 2015 los impuestos provenientes de minas y canteras representaron únicamente el 0.03 % de los gastos ejecutados por el Gobierno central, con lo cual, de cada $1.00 de gasto del Gobierno, el aporte tributario de este sector solo permitió financiar $0.03. Además, solo generó 659 empleos, es decir, el 0.09 % de los afiliados al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y los municipios donde operaron las empresas mineras siguen viviendo en la pobreza.

 

Ahora el problema se ha vuelto regional. El proyecto minero Cerro Blanco, ubicado en el área del trifinio (entre Guatemala, Honduras y El Salvador), sobre la cual se hizo una declaración de reserva de la biósfera, ha iniciado operaciones que contaminan ríos de los tres países.

 

Pero el más afectado será el Lempa, el más grande de El Salvador y, por lo tanto, el que atraviesa la mayor parte del territorio del hermano país. Queda por discutirse una convención centroamericana sobre limitación o prohibición, pues ahora Costa Rica y El Salvador tienen la solvencia política para plantear la discusión y promover dicha prohibición general.

 

Quizá lo más importante será evidenciar que el modelo económico de desarrollo para esta región no descansa en destruir su naturaleza y que, de todas formas, los ingresos de la industria minera al PIB pueden ser obtenidos por otras industrias como el turismo y la agroecología.

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Empeorando la tragedia

 

 

Ayer, el juez de Instancia Penal, en el Caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Carlos Guerra, volvió a generarle una herida profunda a las familias de las víctimas, las jóvenes que murieron tras ser amenazadas, abusadas, encerradas etc., en lo que ha sido uno de los peores crímenes de Estado cometidos en Guatemala.

 

Resulta que para el gobierno, ha sido incómodo y se han negado aceptar que es un crimen de Estado lo que sucedió en el Hogar Seguro. Realmente, pocas dudas quedan ya ante lo que con evidencia contundente ha sido planteado en el juzgado.

 

Las menores, sujeto de abusos indescriptibles, han vuelto a sufrir una violación. No es comprensible que tras las declaraciones, evidencias y peritajes presentados, el juez considere que con un arresto domiciliar, se custodia el debido proceso de manera conveniente.

 

Rumores hay, fuertes, sobre los poderes atrás de este caso que han sido los que administran las actividades denunciadas y que llegan a ser trata, tráfico humano, violaciones y desapariciones. Todas ellas, aparentemente, parte de una red criminal extremadamente delicada que no ha sido desarticulada.

 

El Caso Hogar Seguro, una vergüenza nacional que demuestra que el Estado no pueda garantizar la vida y menos la de menores, nos debe servir de ejemplo para entender que, como tal, cada institución guatemalteca está en crisis.

 

Casos como este son los que nos deben hacer reflexionar sobre la tarea que tenemos al frente, que es extremadamente complicada como para solo voltear a ver a otro lado y pretender que nada está sucediendo en el país.

 

¿Qué sería de Guatemala si las 41 fallecidas fueran de un colegio privado en que se hayan tomado las mismas decisiones, actitudes y abusos que sucedieron en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción? La verdad es que todos sabemos que la sociedad se hubiera paralizado, pero que en este caso por ser familias de escasos recursos, parece “más fácil de llevar” para algunos.

 

Si queremos tener una verdadera estructura de justica, un Estado de Derecho, es en estos casos, en estos momentos y ante estos personajes que tenemos que demostrar que ya no estamos dispuestos a seguir aguantando para que a los que no tienen nada se les cobre la factura.

 

A las familias de las 56 víctimas, 41 fallecidas, les queremos decir que estamos indignados por el trato preferencial que se les está dando a aquellos que encerraron, agredieron y violentaron a sus hijas. No es justo. Simplemente, por fallos como este, en algunas comunidades terminan linchando a los sospechosos. Eso NO es justicia.

 

 

 

 

 

Dios no es el culpable + A dos años de "La Línea", todo sigue igual + Cobarde ataque a la Ministra de Salud

 

 

Dios no es el culpable

 

Somos los humanos una especie rara. Nuestra tendencia al autoexterminio es inconmensurable. Negamos constantemente ese salvajismo nuestro que degrada y, cuando nos es insoportable, recurrimos a Dios para pedirle ayuda o echarle la culpa.

 

 

Nunca como hoy el mundo ha estado al borde de una hecatombe. Desde nuestro entorno local hasta los confines más lejanos del planeta. Tanto así que el teólogo Leonardo Boff, citando al filósofo Martin Heidegger, ha prevenido: «Temo que la arrogancia típica de Occidente, con su visión imperial al juzgarse mejor en todo, no acoja este camino pacificador y prefiera la guerra. En ese caso, vuelve a tener significado la sentencia profética de M. Heidegger conocida después de su muerte: “Nur noch ein Gott kann uns retten” (entonces solo un dios puede salvarnos)».

 

Se refieren Boff y Heidegger al peor camino que el ser humano ha escogido en las últimas décadas: la guerra en lugar de la paz. También a esa condición del arrepentimiento in extremis, cuando ya nada puede hacer con relación a la vorágine que ha desatado. En ese orden, quizá sea la cuarta estrofa del poema Sátira filosófica, de sor Juana Inés de la Cruz, la que mejor retrate esa circunstancia: «Parecer quiere el denuedo / de vuestro parecer loco / al niño que pone el coco / y luego le tiene miedo».

 

Pero las guerras en tanto conflictos no se circunscriben a las convencionales (de las cuales la industria cinematográfica se ha beneficiado con millones de dólares). La guerra puede ser un comprometido brete social circunscrito a un territorio donde la violencia hace presencia con su cauda de muertes individuales o colectivas.

 

El caso de la disputa territorial de las maras, por ejemplo. Y también existe el modelo de ciertas guerras en las cuales el conflicto puede ser entre dos o más corporaciones que se disputen el mercado farmacéutico de un Estado y el resultado lo sufra la sociedad. En este último caso, la basa es la corrupción. No obstante, para muchas personas, toda esa corruptela proviene de la voluntad de Dios.

 

El caso de Guatemala es patognomónico. Nuestra sociedad es sufrida y a la vez impasible. Incluso ante la falta de insumos vitales como alimentos de calidad, adecuada atención hospitalaria, medicamentos en los centros de salud, una elemental seguridad social, documentos de identificación personal, pasaportes y placas para nuevos vehículos (entre los más mencionados).

 

Aun bajo esas condiciones se prefiere caer en la invocación a un dios inconexo con nuestra terrible situación social que enfrentar con dignidad a los responsables de la debacle del Estado. Parece que se olvidó o nunca se supo que una de las tantas maneras de lograr la realización personal y grupal estriba en el refrán: «A Dios rogando y con el mazo dando» (entendido el mazo como la voluntad).

 

Ni duda cabe de que, en relación con ese estado in extremis en que vivimos, nosotros tenemos cuando menos corresponsabilidad histórica. Llegamos a tal condición por torpeza o por falta de discernimiento. De ello advierte Boff: «Debemos tomar en serio las advertencias de sabios como Eric Hobsbawm al concluir su conocido libro La era de los extremos: el breve siglo XX (1995:562): “El mundo corre el riesgo de explosión e implosión. Tiene que cambiar […] la alternativa al cambio es la oscuridad”.

 

O la del eminente historiador Arnold Toynbee, que, después de escribir diez tomos sobre las grandes civilizaciones históricas, en su ensayo autobiográfico Experiencias (1969:422) nos dice: “Viví para ver el fin de la historia humana tornarse una posibilidad intrahistórica, capaz de ser traducida en hechos, no por un acto de Dios, sino del propio hombre”».

 

El recién pasado viernes 7 de abril me dijo una persona: «Mire, usted. Yo ya no me preocupo de nada. Ni de don Jimmy [nuestro presidente] ni de esos relajos de los migrantes ni de si va a haber guerra mundial o no. Yo ya no me preocupo de nada».

 

Cuando le maticé los últimos sucesos terroristas de Londres, Estocolmo y Rusia y los trágicos hechos que están sucediendo en nuestro país (como la muerte de un subinspector de la Policía Nacional Civil provocada por una turba en la aldea Los Encuentros, Sololá), me respondió como enajenado de su realidad: «Pues yo ya no me preocupo de nada porque es Dios quien decide todo». ¡Vaya, pues!

 

Negar los conflictos, su existencia, o minimizar su gravedad puede ser un mecanismo de defensa, pero también puede significar una soberana estupidez.

 

Así que tiempo es de asumir nuestras responsabilidades sociales. Principalmente para quienes nos decimos cristianos, ya que nosotros no somos exclusivamente alma ni solamente espíritu. También somos cuerpo y sociedad. Así me lo explicó recientemente un cura. Así lo creí al escucharlo.

 

Que la paz y la reflexión nos inspiren esta semana. Hasta el próximo lunes si Dios lo permite.

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A dos años de “La Línea”, todo sigue igual

 

Hoy se publica un reportaje interesante porque estamos por cumplir dos años desde que se develaron las investigaciones por el Caso La Línea que le abrió los ojos a la gente de cómo operaban las mafias en el país y que generó, durante un tiempo, que algunos ciudadanos salieran a las calles supuestamente para “exigir el cese de la corrupción y la impunidad”.

 

Pero hoy, casi dos años después, tenemos la obligación de preguntarnos ¿qué ha cambiado? A nivel de investigaciones, claro que vamos 100 veces mejor porque ahora hay más capacidad, pero sobre todo voluntad (y ya está siendo investigado un hombre fuerte de la UNE, César Fajardo, aunque todavía falta camino por recorrer), porque ya se está hablando del financiamiento ilegal (UNE y FCN están en serios problemas) y porque las capacidades de MP, CICIG, PNC y SAT están más fortalecidas.

 

Pero en el fondo nada o muy poco ha cambiado porque las bases siguen siendo las mismas y eso se traduce en que quien se quiera animar a hacer los negocios sigue encontrando las mismas reglas. De esa manera, los entes investigadores deben seguir siendo reactivos porque no hemos tenido la capacidad de ser preventivos mediante la creación de un sistema que ofrezca suficientes controles para ya no caminar por las sombras de la corrupción.

 

Seguimos igual o peor porque no hemos logrado cambiar la matriz de oportunidades en este país, no hay planes de largo plazo ni intenciones de aumentar las oportunidades para los nuestros y en lo que era la “época de cambio”, tenemos 2.5 millones de jóvenes alejados de las escuelas y la crisis en Salud sigue siendo una realidad.

 

El sistema de rendición de cuentas sigue secuestrado mediante la cooptación de la que históricamente ha sido objeto la Contraloría General de Cuentas (CGC), lo que se traduce en que aunque alguien diga que tiene 5 o 10 auditores de la CGC en su reducto, es igual a nada porque todo “siempre termina sin mayores reparos” y la forma de comprar/licitar/adjudicar sigue igual, salvo leves parches.

 

Seguimos igual porque al día de hoy los jueces honrados siguen a merced de las mafias y los pactos con los caciques de la impunidad porque no se ha fortalecido la carrera judicial dado que se entendió que si reformamos la Constitución, aún con algunos parches, se amenaza el secuestro del Sistema de Justicia y la influencia que se logra ejercer sobre los jueces probos. Hay muchísimos juzgadores honrados y urge empoderarlos para que puedan mandar por un tubo a las mafias.

 

A dos años de La Línea, lastimosamente las mafias siguen operando en las aduanas, pero debemos ser sumamente claros en el sentido que si los esfuerzos investigativos no se ven acompañados de un cambio de sistema, las cosas seguirán igual.

 

Y la pregunta obligada es, ¿qué papel estará dispuesto a jugar usted para que esto cambie? El cambio de Guatemala no solo es un tema de políticos, es un tema personal, es un tema de familias enteras y, en especial, es una cosa de no seguir dejando a tanto compatriota atrás.

 

Guatemala tiene futuro en la medida en que nos podamos sentar en una misma mesa a encontrar terreno en común, incluso con aquellos con quienes las diferencias son grandes. Si no logramos cerrar filas para cambiar el sistema teniendo como eje la lucha contra la corrupción y la impunidad (ya luego que cada quien debata sobre temas particulares acorde a su ideología), le estaremos cerrando la puerta al futuro y al desarrollo, poniendo candado para asegurar la pobreza y miseria de millones.

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Cobarde ataque a la Ministra de Salud

 

Cuando ven claridad, las alimañas se esconden y atacan. Como es costumbre en Guatemala, al igual que ocurrió con el expresidente Jacobo Árbenz Guzmán, las fuerzas de cooptación del Estado se unifican y atacan arteramente a quien haya abierto la puerta hacia la luz, con lo cual podría comenzar un inicio real del combate frontal a la corrupción, la que no permite que Guatemala levante la vista para vislumbrar un país donde la decencia impere, como en los tiempos de Árbenz Guzmán, a quien los gringos calumniaron como comunista y el Ejército lo traicionó.

 

Los entes pensantes de Guatemala, de los cuales hay muchos, se volcaron a apoyar la gestión de la ministra Lucrecia Hernández Mack, quien es hija de la Licenciada en Antropología Myrna Mack, cobardemente asesinada por un agente del gobierno el 11 de septiembre de 1990.

 

La ministra Hernández Mack, a quien no conozco más que por los medios, difunde ser una profesional que inspira honorabilidad, dignidad y decencia; lo cual permite a los guatemaltecos tener la seguridad y la confianza de que ella realiza bien su trabajo, con la intención de iniciar un proceso para devolver a la ciudadanía los sistemas de salud decentes, ahora tan precarios, que la galopante corrupción ha dejado como secuela a través de los años.

 

Los poderes fácticos están rabiosos porque alguien honrado ha llegado a uno de los lugares clave que ellos han utilizado para –literalmente– saquear al Estado y asesinar a miles de ciudadanos ancianos, niños, mujeres y personas sin oportunidad… sin esperanza de encontrar un medicamento o atención para sus males, mientras los “Comerciantes de la Salud”, hablan de millones de dólares saqueados infamemente al pueblo de Guatemala.

 

Es difícil decir cuántos millones pagaron -como es costumbre en Guatemala- a los diputados que conforman la Comisión de Salud del Congreso atendida por exmiembros de los partidos Lider y Patriota, Luis Hernández Azmitia, Karla Martínez, Estuardo Galdámez, etc. de quienes son conocidas acciones vergonzosas.

 

Pero la combinación de sectores es fuerte, esta situación de torpes solicitudes de interpelaciones se derivan de una denuncia interpuesta hace dos años en la cual los congresistas ahora sirven de intermediarios a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSG), la mafia enquistada allí, sangrando también al pueblo de Guatemala, torciendo la moral del fundamento del sindicalismo universal.

 

El Pacto Colectivo con los sindicalistas contiene ilegalidades. Si hay ilegalidades hay insumos delincuenciales que obviamente deben eliminarse de tajo, así brinquen y se revuelquen los sindicalistas.

 

Adrián Chávez, viceministro de Salud Pública mencionó que “…aquí no hay nada que negociar: ya es un proceso que está en la Corte Suprema de Justicia… es el Sistema Judicial el que debe caminar sobre las pruebas presentadas.”

 

Los guatemaltecos debemos defender el combate a la corrupción con solidaridad.

 

Laboratorios, comerciantes de la salud, diputados y sindicalistas pueden ir al carajo. La ciudadanía es primero.

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