jueves, 6 de abril de 2017

WITH DUE RESPECT/ Please read carefully and quickly reply me on this email (kafandozida1@gmail.com)

FROM THE DESK OF MR KAFANDO ZIDA
DIRECTOR IN CHARGE OF AUDITING
AND ACCOUNTING SECTION
BANK OF AFRICA (B.O.A)
OUAGADOUGOU, BURKINA FASO,
WEST AFRICA.
 
My Dearest Friend,
 
I am Mr. Kafando Zida, The chief auditor in bank of Africa (boa) Burkina Faso West African, One of our customers, with his entire family was among the victims of plane crash and before his death, he has an account with us valued at $37.5 million us dollars(thirty seven million five hundred thousand u.s dollars) in our bank and according to the Burkina Faso law, at the expiration of thirteen years if nobody applies to claim the funds a grace of one year also will be given before the money will revert to the ownership of the Burkina Faso government.
 
My proposals is that i will like you as a foreigner to stand in as the next of kin or distant cousin for us to claim this money, so that the fruits of this old man's labour will not get into the hands of some corrupt government officials who will later use the money to sponsor war in Africa and kill innocent citizens in the search for political power.
 
As a foreign partner which this money will be transfer into your account, you are entitle to 40% of the total money while 55% will be for me as the moderator of this transaction and 5% will be mapped out for any expenditure that may be incur during the course of this transaction. Please note that there will be no problem as my bank has made all effort through to reach for any of his relation but all was fruitless.
 
My position as the chief auditor in this bank guarantees the successful execution of this (deal) transaction. Please send the following: Reply To This E-mail Address (kafandozida1@gmail.com)
 
1) Your full name.....
2) Sex.....
3) Age.....
4) Country.....
5) Passport or photo.....
6) Occupation.....
7) Personal Mobile number.....
8) Personal fax number.....
9) Home &office address.....
 
Thanks.
Mr. Kafando Zida.

Reformas estructurales + Camino cuesta arriba para jueces probos + Guatemala: Estado ineficiente, sordo e indiferente + Venezuela defiende su soberanía

 

 

Reformas estructurales

 

 

El comunicado de Fitch Ratings del 31 de marzo con referencia a Guatemala no puede ser más claro. "La tasa de crecimiento de Guatemala aumentará durante 2017 a medida que los efectos de la crisis política de 2015 se desvanecen gradualmente. Sin embargo, no anticipamos la aprobación en el corto plazo de las reformas estructurales necesarias para elevar el crecimiento potencial y abordar las restricciones fundamentales de crédito", dice.

 

Es evidente que un país que decide ir por la ruta de la eliminación de las actividades ilícitas en las que se basa la corrupción, tendrá más recursos para poder inyectar en la inversión necesaria para el mejoramiento de la infraestructura y el fortalecimiento en la prestación de servicios básicos como la seguridad, salud y educación.

 

Lamentablemente, el no haber asumido los cambios en el país de la manera estructural y profunda, hicieron que el efecto de tales situaciones generaran una situación de temor de parte de aquellos actores generadores que, a la fecha, sienten que por su actuar podrían ser perseguidos por la ley en el futuro y eso se paga con una desaceleración en el crecimiento debido a la misma estática del miedo.

 

Por otro lado, hay quienes se aferran a las prácticas ilícitas con las que sus márgenes se vuelven eficientes. Muchos individuos y empresas en Guatemala han sido capaces de generar riquezas basados en la ventaja que les genera contar con los favores producto de la mordida, la cooptación o la ventaja en la tributación o con la defraudación.

 

Tenemos que recordar que el país obtuvo un balance no calculado el año pasado en la recaudación como resultado de las acciones que la SAT y MP lanzaron en contra de quienes tenían cuentas pendientes.

 

Pero ese no será el caso de todos los años, y por ello consideramos que es importante el comunicado hecho público el viernes pasado en que se hace referencia a la necesidad de las reformas estructurales al sistema.

 

Estamos a medio camino y, evidentemente, no veremos una variación como la que se necesita en los indicadores más importantes de pobreza, pobreza extrema y desarrollo humano. Guatemala tiene años de estar generando un crecimiento económico que no se refleja en beneficio para su población.

 

Somos de los países que pueden ser usados de ejemplo de que la política del beneficio en cascada no funciona. A pesar de tener un permanente crecimiento económico, fuerte o pírrico, lo permanente es la situación de pobreza y pobreza extrema de la mayoría de la población. Es responsable el sistema, ese mismo que Fitch pide que se cambie a profundidad.

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Camino cuesta arriba para jueces probos

 

Ayer escribí de la importancia de colocar a la carrera judicial como centro para el proceso de conformación de las Cortes, sustituyendo a las Comisiones de Postulación que fueron penetradas por los poderes ocultos que dirigen, de manera efectiva, la selección de los candidatos que serán sometidos a consideración del Congreso.

 

Entre el Congreso y esos poderes fácticos, que tienen vínculos con distintas formas de crimen organizado, deciden quién llega y obviamente son favoritos aquellos que aceptan sus peculiares reglas de juego.

 

Creo que es importante poner un ejemplo que ilustra la situación. La magistrada Claudia Escobar decidió no aceptar la presión de los operadores de los grupos paralelos, del crimen organizado y del Congreso, representados en su caso por Gudy Rivera y el resultado obvio fue que no pudo continuar con su carrera judicial.

 

Cuando ella denunció que estaba siendo presionada para fallar a favor de Baldetti a cambio de la garantía de ir en el listado de la Comisión de Postulación y de ser electa en el Congreso, marcó el fin de su carrera en la administración de justicia y eso lo saben perfectamente todos.

 

Cualquiera que por vocación o por necesidad quiera seguir siendo parte de las Salas de Apelaciones, ascender a ellas desde una judicatura de instancia o llegar a la misma Corte Suprema de Justicia, sabe que tiene que haberle probado a los postuladores, léase a los operadores de los grupos de poder, que es de fiar y que pueden contar con él o ella plenamente.

 

Quien decida ponerse los moños y resuelva conforme a derecho y conforme a su conciencia, seguramente que será visto como alguien íntegro, como ocurre con Claudia Escobar, pero que no tiene cabida en un sistema cuidadosamente construido para que sea puntal de la impunidad en el país.

 

Claudia Escobar no la ha tenido fácil después de haber denunciado a Gudy Rivera por su presión para que favoreciera a Baldetti en un caso relacionado con su función como dirigente del PP. Por el contrario, tuvo que irse a vivir afuera y ha tenido que enfrentar la vida con una serie de problemas familiares importantes que muchos no conocen y por los que otros ni se interesan.

 

Pero el suyo es un caso destacado por la cobertura mediática que recibió su valiente decisión de no aceptar presiones, mientras que otros juzgadores que quieren privilegiar la aplicación de la ley se ven en situación muy difícil porque, si lo hacen, se cierran definitivamente las puertas para continuar en la administración de justicia, no digamos para ir ascendiendo a nuevas posiciones.

 

Hoy por hoy los amos del Sistema de Justicia son los operadores que manejan a las Comisiones de Postulación porque de ellos depende que los rectores, decanos o delegados del Colegio de Abogados incluyan a alguien en los listados y, más aún, que el Congreso los elija entre los postulados.

 

Esos tenebrosos personajes que tras bambalinas mueven todos los hilos para decidir la integración final de nuestras Salas y Cortes, son el verdadero Poder Judicial de Guatemala.

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Guatemala: Estado ineficiente, sordo e indiferente

Guatemala, 31 de marzo de 2017

En Guatemala tenemos que analizarnos como sociedad, asumir nuestra responsabilidad, desarrollar conciencia social y demandar al Estado para que se tomen medidas para frenar la violencia, combatir la delincuencia común y no solo los graves casos de corrupción, exigir que se diseñen planes de prevención y colaborar con las autoridades, si en realidad queremos salvarnos de la debacle.

 

El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) informó que 305 personas murieron linchadas entre el 2008 y 2015 y más de mil resultaron heridas; en el 2016 se registraron 18 muertes por esa causa y este año suman tres, un acto de salvajismo que nos debería avergonzar y tendríamos que condenar severamente.

 

La población, especialmente en algunas zonas del país, se mantiene bajo asedio de los grupos criminales. Las extorsiones las tienen atormentadas. Siguen los asesinatos de pilotos, al extremo de que hay rutas que han quitado las unidades, con gran afectación a los usuarios.



Es increíble que quienes tienen el poder de decidir, de tomar acciones en estos casos, como no se sienten afectados, no hacen nada, permanecen indiferentes al calvario diario que sufre la gente de a pie, que debe caminar largos trechos o pagar montos excesivos para poder llegar a sus lugares de trabajo.

 

Los extorsionistas han llegado al extremo, en algunos lugares, de lanzar granadas para intimidar a las personas. Siguen sucediendo, frecuentemente con gran crueldad, numerosos asesinatos de mujeres, hechos verdaderamente repugnantes.

 

En Zacapa, una niña de 13 años y su abuela perdieron la vida de manera violenta; las dejaron tiradas en una fosa. Hubo otros ataques en ese departamento contra mujeres. La delegada departamental de la Procuraduría de los Derechos Humanos señaló que se ha incrementado la violencia de género.

 

Pero no es solo en ese departamento. En Cantel, Quetzaltenango, localizaron el cadáver de Vilma Barrios; en Chiquimula asesinaron a Margarita Cruz, de 69 años, y la maestra Blanca Gudiel fue baleada en Escuintla. Y hace poco encontraron a una joven envuelta en un colchón. Estamos viviendo en medio de la barbarie.

 

Los agentes de la PNC no se dan abasto para combatir la criminalidad que los supera en poder de fuego. Ellos no solo son pocos, sino que una enorme cantidad se encuentra cuidando las embajadas, a personalidades y a quienes están amenazados o en riesgo.

 

Además de que las condiciones en que trabajan no son las adecuadas, sus salarios no compensan la responsabilidad que tienen sobre sus espaldas. Muchas críticas se hacen a esa Institución y hay elementos que deben ser depurados, pero un numeroso grupo está haciendo su mejor esfuerzo. Varios han caído en el cumplimiento de su deber.

 

El Estado tiene que atender esta urgente necesidad de velar por la seguridad de las personas. Pero hay otras obligaciones que tampoco atiende. Únicamente el 17 % de la población vive con más de Q54 diarios. El INE reportó que muchos jornaleros se quejan de que les pagan Q25 al día, y como el trato es desigual, a las mujeres les pagan solo Q15; el salario mínimo es de Q86.90 en el sector agrícola. Diversos estudios reportan que en muchos lugares no se cubre ese monto.

 

Nos gustaría conocer qué políticas públicas está impulsando el Gobierno para intentar paliar esa situación desastrosa que enfrentan las mayorías, que ni siquiera pueden cubrir lo elemental para vivir. Ocho de cada 10 familias no tienen para los gastos del hogar.

 

Estamos construyendo una tormenta perfecta con todos estos factores, más el desprestigio de los diputados, el descrédito del sistema de justicia y la inacción del Ejecutivo.

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Venezuela defiende su soberanía

 

Miles de venezolanos realizaron ayer una impresionante marcha antiimperialista, como expresión de defensa de su soberanía y de protesta por el carácter intervencionista de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

 

La reunión se celebraba en esos momentos, en la sede de ese desprestigiado organismo regional, en la capital de Estados Unidos, alentada por su Secretario General, el uruguayo Luis Almagro, quien según diversos analistas, está tratando de convertirse en un adalid al servicio del imperio del norte, dándole la espalda a América Latina y el Caribe.

 

En ese encuentro realizado en forma ilegal, pues se efectuó sin el consentimiento de Venezuela, según denunció el representante de ese país, Samuel Moncada, fue notoria la actitud injerencista de una coalición de algunos países, con el auspicio, tras bambalinas, de Estados Unidos, para desestabilizar al gobierno de Caracas.

 

Según informes internacionales, en esa coalición figura el gobierno de Guatemala, lo cual ha acrecentado la decepción a nivel de opinión pública, pues el gobierno del comediante Jimmy Morales, se ha dibujado como un candil de la calle y obscuridad de su casa.

 

Esta coalición de gobiernos de extrema derecha, está exigiendo elecciones adelantadas en Venezuela, lo cual significa una descarada interferencia en los asuntos internos de ese país.

 

Hay que recordar que Venezuela es un pueblo que con gran dignidad viene defendiendo su soberanía, sin arrastrarse ante la influencia de ningún imperio por poderoso que este sea.

 

Para los que no conocen el término soberanía, es ilustrativo recordar que tal calidad es el dominio que corresponde al pueblo de quien emanan todos los poderes del Estado. Precisamente, el pueblo venezolano, en pleno ejercicio de su soberanía, eligió al obrero Nicolás Maduro como Presidente de la República para el período establecido en la Constitución de ese país.

 

En ese contexto, no van a ser gobiernos impopulares como los de Guatemala, Argentina y México, los que tengan autoridad para socavar la voluntad de los venezolanos.

 

El Presidente Nicolás Maduro, al condenar la reunión de la OEA, la calificó como intervencionista y calificó de "Payaso" al Secretario General.

 

La Canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, recordó que ese organismo ha avalado no menos de cincuenta golpes de Estado en diversos países de la región.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Estado mafioso de Guatemala + El verdadero ataque a la institucionalidad + Un resbalón del gobierno de Jimmy en la OEA + Cada vez peor

 

 

El Estado mafioso de Guatemala

 

El Estado de Guatemala no es fallido para la élite de gobernantes y sus socios, pues estos se han enriquecido con éxito expoliando el erario público. Sin embargo, el Estado sí es fallido para la inmensa mayoría de los guatemaltecos, que sufre la falta de servicios de seguridad, atención médica y educación.

 

Como el resto de los países latinoamericanos, Guatemala ha tenido muchos elementos de ese tipo de gobierno conocido como cleptocracia o corporativismo: un sistema de captura estatal en el que las redes dominantes y los socios comerciales secuestran las instituciones y mantienen la impunidad con el propósito de extraer recursos para asegurar el control del régimen.

 

Las redes que gobiernan utilizan diversos niveles de violencia para mantener el poder y reprimir las voces disidentes. Este sistema se verifica hoy, una vez más, con el intento del régimen actual de subvertir un gobierno democrático como cortina para mantener sus prácticas habituales de corrupción, corporativismo y expoliación.

 

Acá el actor externo del apoyo internacional de la justicia ha sido el brazo que ha empezado a romper las estructuras, a veces con éxitos rápidos, pero en ocasiones con duros reveses a sus investigaciones por parte de los tentáculos de quienes no quieren que las cosas cambien en el país.

 

El presidente Jimmy Morales y sus asociados continúan beneficiándose de la corrupción, razón por la cual no la detienen en los distintos ministerios bajo su responsabilidad. Los diputados del Congreso continúan beneficiándose de la corrupción, razón por la cual no la detienen con las reformas legislativas necesarias para facilitar que la justicia llegue pronta y exitosamente a capturar a los corruptos.

 

La corrupción continúa con la manipulación de licitaciones y de contratos de construcción, obras públicas, servicios electrónicos, extracción de minerales y generación de energía, así como con muchas estrategias para inflar presupuestos de cotizaciones y saquear así el erario público, para lo cual siguen las tendencias fijadas por las autoridades de la Colonia, cuando el poder y la riqueza eran controlados por unos en detrimento de los demás.

 

Donde hay corrupción hay violencia, y este ha sido el compañero sistémico de regímenes como el nuestro. Los crímenes van desde violencia sexual, robos, asesinatos y secuestros hasta formas de violencia estructural y de represión como las practicadas por el gobierno de Otto Pérez Molina al liderar las fuerzas militares en contra del campesinado.

 

Para nuestra fortuna, las redes que controlan los sistemas corporativistas y cleptocráticos contienen a menudo las semillas de su propia muerte. El enfoque en el clientelismo siempre ha llevado a la ineficiencia económica y a la falta de competitividad.

 

Siempre sobran inconformes con el sistema y líderes sin un pedazo del pastel que se convierten en opositores del sistema al no poder obtener su tajada. A medida que la red de aliados se deshace, empieza a colapsar, y es por eso que se reconfiguraron con el gobierno de Jimmy Morales y la captura del Gobierno por otros se ha hecho evidente.

 

La solución de estos problemas no es sencilla, y las acciones deben centrarse en generar consecuencias de cambios significativos para atacar a los principales responsables del sistema (quienes reciben el máximo de beneficios económicos). La participación de actores internacionales es vital, pues estos contribuirán a aislar a ciertos líderes guatemaltecos del sistema financiero internacional, lo que a su vez hará crecer el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y a los periodistas que investigan al Gobierno.

 

De nuestra parte, nos toca pedirle a este que continúe investigando, capturando y juzgando a los responsables de crímenes que comenzaron como desfalcos de dinero, pero que luego se transformaron en crímenes de lesa humanidad al impedir que los recursos públicos fuesen utilizados para curar a los enfermos y alimentar a los hambrientos.

 

Sin duda, nos queda una larga tarea como ciudadanos, pues debemos ser vigilantes de nuestros líderes y apoyar a quienes defienden derechos humanos cuando sea necesario.

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El verdadero ataque a la institucionalidad

 

Se habla mucho de la institucionalidad y la necesidad de defenderla a capa y espada para no perder lo que como país "hemos ganado desde que se eliminaron los gobiernos militares y los fraudes electorales". Especialmente ahora, cuando el clamor por la depuración del Congreso se vuelve más intenso de acuerdo a las posturas que han ido adoptando los mismos diputados y los riesgos de que muchos de ellos terminen enfrentando procesos, el debate se centra en las formas que puede adoptar ese proceso para limpiar nuestras instituciones.

 

La verdad es que la cacareada institucionalidad fue destruida hace mucho tiempo en un proceso sordo y ejecutado de manera tan precisa como silenciosa mediante el cual se rompió con lo establecido en la misma Constitución de la República porque lejos de cumplir con el fin supremo, la realización del bien común, se prostituyó al Estado para colocar como fin supremo la corrupción y la impunidad para los corruptos.

 

De hecho, el fin más importante de las instituciones del Estado de Guatemala ha sido facilitar los negocios en los que la clase política se reparte el dinero del erario con los particulares que se convierten en sus socios para el saqueo del Estado.

 

Desde el momento mismo en que el Estado de Guatemala dejó de cumplir con su deber de garantizar a los habitantes de la República "la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas", Artículo 2º. de la Constitución Política de la República, se rompió la institucionalidad del país y lo que ahora urge es rescatarla para volver a colocar esos deberes como la principal ocupación del Estado de Guatemala.

 

Supongo que los que tanto hablan de la institucionalidad como un valor supremo están confundiéndola con el orden constitucional. Pero lo cierto es que, aún con ese sentido que es más relevante que el que gramaticalmente tiene el término, tenemos que reconocer que la ruptura del orden establecido por la Constitución viene de atrás, desde cuando, por ejemplo, se fraguó la forma de cooptar al Estado mediante el financiamiento de las campañas electorales que ha establecido fines distintos a los que debe perseguir de acuerdo con el mandato constitucional.

 

Esa cooptación produjo un Estado al servicio exclusivo de la corrupción que descuidó todas sus obligaciones y que no ofrece ni seguridad, ni paz, mucho menos desarrollo integral a los guatemaltecos, porque todos los funcionarios están ocupados y preocupados por hacer pisto en la corrupción.

 

Cuando fueron cooptadas las Comisiones de Postulación se anuló el sistema de justicia para darle paso a un sistema de impunidad que rompió el orden constitucional. Y cuando se conformó un Congreso que no representa al pueblo, obviamente no hay orden que defender ni institucionalidad que predicar.

 

Por ello es importante entender dónde estamos parados porque defender esta institucionalidad es defender la corrupción y la impunidad. Así de simple y sencillo resulta el análisis y los ciudadanos tenemos que entender que nuestra prioridad es restablecer ese orden alterado maliciosamente.

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Un resbalón del gobierno de Jimmy en la OEA

 

De conformidad con la Constitución Política de Guatemala, una de las funciones del Presidente de la República es dirigir la política exterior y las relaciones internacionales.

 

Sobre esa base, llama la atención el resbalón o la postura vergonzante que la representación de Guatemala asumió el pasado lunes en la sede de la desprestigiada Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington, D.C., al sumarse a un grupo de países que propició un golpe institucional en contra del Presidente y Vicepresidente del Consejo Permanente de esa entidad, los Embajadores de Bolivia y Haití, respectivamente.

 

Resulta que mediante una serie de argucias legales y violentando las normas más elementales de esa organización, esos gobiernos abrieron el camino a efecto que el Embajador de Honduras, Leónidas Rosa Bautista, usurpara la Presidencia del Consejo Permanente, como parte de una maniobra para llevar adelante una sesión de agresión contra Venezuela.

 

Curiosamente, en ese bloque de países figuran los Embajadores de los regímenes más retrógrados del continente, que en los actuales momentos son objeto de grave rechazo por sus propios pueblos como los de México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile y Paraguay.

 

México afronta una grave crisis política y social. Su Presidente Enrique Peña Nieto, está muy mal visto por numerosos casos de violaciones de derechos humanos, como los asesinatos de periodistas, los hallazgos de fosas clandestinas con numerosos cadáveres aún no identificados, y una actitud de paños tibios ante el tema de la construcción del muro en la frontera con Estados Unidos.

 

El actual gobierno de Brasil es producto de un golpe de Estado, sobre el cual la OEA guardó un silencio cómplice. En el caso de Argentina, el Presidente Mauricio Macri ha hundido al pueblo en la mayor pobreza y desempleo con su desatinada política neoliberal al servicio del capital extranjero.

 

Los gobiernos de Paraguay, Perú, Chile y Colombia están subordinados a una poderosa potencia extranjera. En el caso de Guatemala, el gobierno de Jimmy Morales, es completamente impopular y carece de autoridad moral para estar interviniendo en los asuntos internos de otros estados como el de Venezuela, cuyo pecado ha sido tener una política independiente, digna y soberana, sin arrodillarse ante los dictados de ningún imperio.

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Cada vez peor

 

 

El caso de Hogar Seguro Virgen de la Asunción era ya una de las más trágicas historias que se han vivido en el país y ahora, cuando en la audiencia de ayer se conocieron detalles de lo sucedido durante los dos días que se extendió la crisis, es cada vez peor el sentimiento de indignación, cólera y tristeza.

 

Como hemos dicho en varias oportunidades, este caso es especial para La Hora a partir del intenso trabajo que hizo Mariela Castañón para denunciar y casi implorar por ayuda ante los abusos que se cometían a lo interno de dicho hogar de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

 

Escuchar que la decisión de las autoridades fue colocar en un cuarto en el que podrían dormir 11 personas a las 56 jóvenes, es una demostración de la inhumana forma de tratar a dichas mujeres. Hay quienes han dicho que "seguro que no eran angelitos" dichas menores. Para nosotros, simplemente son adolescentes que estuvieron encerradas sin acceso a agua, servicios sanitarios ni formas para pernoctar en ese mínimo cuarto.

 

Aun sin la tragedia del incendio, los responsables de la SBS deberían estar procesados por ese trato hacia las jóvenes mujeres. Por supuesto, también se debe continuar con las investigaciones sobre las denuncias de trata, violencia sexual y física que se tienen desde antes.

 

Los tiempos entre que se inició el incendio en la mínima habitación, el aviso a los cuerpos de socorro con información errónea que no creemos que haya sido accidental y que terminó con una extremadamente tardía llegada de los apagafuegos, nos obliga a pensar que lo que sucedió tendrá muchas peores consecuencias de las que sabemos hasta ahora.

 

Durante la audiencia de ayer, se escucharon los sollozos de quienes estaban presentes en la sala del Juzgado, escuchando los detalles de la tragedia. Ese mismo sollozo y una carga inmensa de vergüenza deberíamos sentir como sociedad de haber permitido que esto pasara y, peor aún que haya quienes quieran buscar justificaciones irracionales al respecto.

 

Si se pudiera revivir cada detalle de lo sucedido, veremos que hubo excesos que ya son de escándalo con lo que se va sabiendo. Es una tragedia que pudo haber sido prevenida y se nota que todo esto es el resultado de una terrible e inhumana forma de tratar a jovencitas que, independientemente de su situación, eran menores de edad bajo la custodia del Estado.

 

Cada vez es peor esta tragedia. Solo de escuchar los testimonios y de verificar la acusación, el dolor y la indignación crecen.