martes, 4 de abril de 2017

Mentiras sobre lo que pasa en Venezuela + Venezuela: cinco reflexiones sobre el golpe (desinformativo) + ¿Golpe de Estado en Venezuela? Más bien se trata de evitarlo

 

 

Mentiras sobre lo que pasa en Venezuela

 

Diferentes movimientos sociales de la región han manifestado su solidaridad con Venezuela ante las arremetidas imperiales que buscan imponer gobiernos neoliberales en América Latina y el Caribe. | Foto: AVN

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El 9 de enero de 2017, la Asamblea Nacional venezolana desconoció al Presidente de la República, Nicolás Maduro. Votaron a favor de ese golpe de estado constitucional todos los diputados de la oposición salvo los tres diputados del partido de Henry Falcón, quienes entendieron la gravedad de esa decisión.

 

 

Venezuela es un sistema político presidencialista desde 1811, influido por el constitucionalismo norteamericano. Al Presidente le vota directamente el pueblo -a diferencia de un sistema presidencialista como el español, donde al Presidente le vota el Parlamento- y le corresponde al Presidente, que es el Jefe del Estado, la dirección del país. Cuando la Asamblea decidió desconocer el poder legítimo del Presidente se estaba poniendo al margen de la Constitución. La prensa internacional no dijo nada.

 

La gran discusión entre el Presidente Maduro y la Asamblea tiene que ver con las actas de tres diputados de Amazonas. Se ha demostrado que compraron votos entre otras muchas irregularidades, lo que obligaría a repetir la elección en esos tres casos. La Asamblea se declaró en rebeldía y decidió echar un pulso a la Presidencia de la República.

 

A imitación del constitucionalismo europeo, cuando hay un conflicto constitucional entre poderes el Tribunal Supremo puede asumir competencias del Parlamento en los casos en que fuera necesario. Hasta un fantoche como Donald Trump ha tenido que asumir las decisiones recientes del Tribunal Supremo norteamericano. Con su tradicional irresponsabilidad, la derecha española llama a desobedecer el estado de derecho en Venezuela y la decisión del Tribunal Supremo.

 

No me extraña de Esperanza Aguirre o Pablo Casado: el PP, especialmente en Madrid, ha financiado sus campañas electorales con dinero negro. Es decir, el PP lleva varías legislaturas usando maneras propias de golpistas. E históricamente, al menos desde 1936, tienen oído músical para esa partitura. Quienes digan desde España que los venezolanos deben desoír las decisiones de su Tribunal Supremo son unos irresponsables que tiren piedras no solamente sobre el tejado venezolano, sino también sobre el nuestro.

 

Por si fuera poco, esa Asamblea dominada por la oposición proclamó que el Presidente había abandonado su cargo (algo absurdo y evidentemente falso) y propuso convocar elecciones presidenciales en el plazo de un mes. Ese intento de golpe de estado desde el Parlamento no recibió ni una sola crítica de los que ahora dicen que hay un golpe de estado en Venezuela. Entre ellos, el máximo responsable de la OEA que ayer mismo se reunía en la Ciudad de México con ex presidentes latinoamericanos procesados por lesionar los derechos humanos, y el Departamento de Estado de los EEUU.

 

Qué curioso que justo después haya salido la petición de Almagro de enjuiciar a Venezuela desde la OEA. El papel de Almagro como  Secretario General de la OEA está haciendo mucho daño a la tan necesaria institucionalidad internacional (Pepe Mujica ya se distanció de él de manera definitiva y dejó ver a quién se había vendido). Almagro lleva varios meses mintiendo. Por ejemplo, ha dicho en dos ocasiones recientes que a Venezuela se la ha aplicado la Carta Democrática de la organización (que, tras muchos trámites -ni siquiera iniciados-, podría llevar a su expulsión como ya ocurrió con Cuba pero nunca ha ocurrido con los Estados Unidos, pese a haber promovido golpes de Estado como el de Pinochet contra Allende).

 

Pero era mentira, como demuestra que hoy mismo ha pedido a la OEA que aplique la Carta Democrática. Ergo miente. Todo el rato. Él sabrá por qué, pero en su Uruguay natal dicen que se ha vendido por un puñado de dólares a los que siempre han querido que América Latina sea el patrio trasero norteamericano. Washington siempre busca a un criollo para hacer la tarea del traidor. Almagro no vive en Montevideo.

 

El Tribunal Supremo de Venezuela ha usado un artículo de la Ley de Hidrocarburos -la principal riqueza del país- que establece que los convenios internacionales y las asociaciones con grupos extranjeros deben ser aprobados por la Asamblea. Pero la Asamblea está en situación jurídica de desacato, de manera que no puede -ni quiere- firmar ningún acuerdo, lo que pone en riesgo financiero a Venezuela.

 

Es por eso que el Tribunal Supremo ha asumido las competencias estrictas de la Asamblea para la aprobación de esos contratos, de manera que el país pueda asumir los compromisos necesarios en un momento económicamente complicado por el hundimiento de los precios del petróleo (preguntémonos en España qué pasaría si se hundiera un 80 % el turismo).

 

El Tribunal Supremo no ha disuelto la Asamblea ni se han convocado nuevas elecciones para elegir nuevos diputados. Lo contrario de lo que están diciendo los medios de comunicación. Lo único que está haciendo el tribunal supremo es asumir unas competencias concretas para evitar que Venezuela se paralice mientras dure el descato.

 

Si los diputados de la oposición quisieran, el desacato desaparecería de inmediato -bastaría con que reconocieran que los tres diputados elegidos en la Amazonía no pueden hacer uso de su acta debido a las muchas irregularidades probadas-, pero les resulta mucho más rentable seguir regalando falsas portadas a la prensa internacional. La derecha internacional, esa que se regala entre sí viviendas oficiales y que tiene una trama global de fondos buitres -donde están los Aznar, Botella, sus hijos, De Guindos, Rato, Aguirre y toda esa tropa de malos españoles donde también se ha colado algún "socialista" como Felipe González- quiere tumbar a Venezuela, igual que han hecho con Dilma Roussef en Brasil.

 

¿Quién que no esté vendido a esos intereses puede decir que asumir de manera temporal unas competencias esenciales para firmar unos contratos sin los cuales un país se quedaría entregado a los capitales internacionales es un golpe de Estado? ¿No son acaso los mismos que ven "normal" desconocer al Presidente del Gobierno y llamar a nuevas elecciones? Demasiados hipócritas.

 

Venezuela necesita mucho diálogo. El choque entre instituciones es malo para el país. Esa debiera ser la tarea de España: ayudar al diálogo. En todo el continente latinoamericano. En México -desde donde escribo- han asesinado este último mes a tres periodistas (¿Nos imaginamos lo que pasaría si hubieran asesinado a tres periodistas en Caracas?) y hay al menos 30.000 desaparecidos.

 

El día a día de México es la aparición de fosas con cadáveres, la trata, el asesinato de mujeres, la desaparición de líderes sociales, la creciente pobreza y desigualdad junto a una impunidad del Estado estremecedora. Aún lloran en México a los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el Presidente Peña Nieto se ríe de las víctimas no reconociendo las lagunas que apuntan al ejército, a la policía y a políticos vinculados al narco en la desaparición de las muchachas y muchachos. Parece que el PP y sectores del PSOE quieren ver a Venezuela convertida en México.  Para seguir la trama de los negocios.

 

Hay mercenarios que desearían abocar a Venezuela a una guerra civil. Creen que así podrían volver a recuperar el paraíso que tenían cuando controlaban el petróleo contra los venezolanos y venezolanas. Se equivocan, porque el pueblo venezolano no va a permitir que eso ocurra.

 

Apuntar en esa dirección es querer llevar a Venezuela a un escenario terrible como los que ha creado la OTAN y las potencias occidentales en Oriente Medio. Ojalá el Estado de derecho que forma parte de los logros civilizatorios de Europa pueda funcionar también en Venezuela.  Esa es la principal tarea en la que podríamos colaborar los españoles en ese país: ayudar a reforzar el Estado de derecho. Aunque el PP de la Gürtel y la Púnica ¿qué va a enseñar?

 

Fue el diario El país el que celebró el golpe de estado contra Chávez en 2002 y fue el Presidente Aznar el que ordenó a nuestro Embajador a reunirse con el Presidente golpista. Ayudemos a que no vuelva a ocurrir nada de esto. Para ello, es esencial que los que no tienen otros intereses que los del dinero, dejen a la justicia funcionar. Y que nadie sea tan hipócrita para pedir en otros países lo que no pedimos para el nuestro.

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Venezuela: cinco reflexiones sobre el golpe (desinformativo)

Por: Gerardo Szalkowicz 

La derecha venezolana y sus amos del poder trasnacional han venido desplegando múltiples estrategias en estos 18 años para tumbar al proceso bolivariano.

Publicado 2 abril 2017 (Hace 16 horas 54 minutos)

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Más allá de lo acertada o desafortunada jugada del Tribunal Supremo de suplir facultades de la Asamblea Nacional por estar en desacato desde hace más de un año, medida revertida en la noche del viernes, el nuevo culebrón (anti)venezolano deja algunas lecciones para repensar el complejo escenario que se viene.

 

En estos días Venezuela volvió al centro de la escena mundial. Se dice que hubo un golpe. Sí, un descomunal golpe desinformativo. La gran prensa cartelizada, de la mano del establishment político internacional, se articuló en un coro uniforme para desatar una nueva ofensiva contra el cuco del siglo XXI: la Revolución Bolivariana.

 

La matriz del "golpe de Estado" o el "auto-golpe" se instaló sin fisuras, con total impunidad. Lo mismo que la ridícula y repetida afirmación de que "Maduro disolvió el Congreso". La militancia reaccionaria 2.0 hizo su parte en las cada vez más influyentes redes sociales y hasta personalidades de izquierda compraron el pescado podrido.

 

Más allá de lo acertada o desafortunada jugada del Tribunal Supremo de suplir facultades de la Asamblea Nacional por estar en desacato desde hace más de un año, medida revertida en la noche del viernes, el nuevo culebrón (anti)venezolano deja algunas lecciones para repensar el complejo escenario que se viene.

 

1)       La presión internacional nuevamente como estrategia central. La derecha venezolana y sus amos del poder trasnacional han venido desplegando múltiples estrategias en estos 18 años para tumbar al proceso bolivariano. No lo han logrado ni por las buenas ni por malas. En los últimos cuatro años le acertaron con el plan del sabotaje económico, provocando un descalabro vía inflación inducida y desabastecimiento que –sumado a la poca eficacia del gobierno y al desplome de los precios del petróleo- viene golpeando con fuerza a la base social chavista.

 

Otro recurso al que siempre apeló la oposición fue la búsqueda de auxilio en la "comunidad internacional". El episodio reciente demuestra que este factor será cada vez más determinante: la correlación de fuerzas ya no es la misma, la derecha regional recuperó la hegemonía y al gobierno de Maduro le quedan pocos aliados. Se evidencia en la suspensión del país del Mercosur, en la coalición intervencionista que avanza en la OEA, con Luis Almagro como director de orquesta, y en el desfile de voces anti-bolivarianas que retumbó por estos días. El mapa continental cambió. Y el asedio externo se vuelve más eficaz.

 

Maduro deberá tomar nota de esto, como lo hizo la dirigencia opositora. A falta de cohesión interna y con escaso respaldo popular, una veintena de sus líderes ha salido del país en los últimos días a mendigar una intervención extranjera que pueda suplir lo que no consiguen por fuerza propia.

 

2)       La encrucijada del choque de poderes. La distorsión informativa y la campaña de demonización obligan a seguir aclarando: la decisión del máximo tribunal –insistimos, al margen de su pertinencia política- era legal, temporal y ajustada a derecho. No hubo quiebre del hilo constitucional ni disolución del Parlamento. Y se dio porque el Poder Legislativo, de mayoría opositora, se encuentra en situación jurídica de desacato desde el 5 de enero de 2016, luego de juramentar a tres diputados del estado Amazonas impugnados por la Justica por irregularidades en su elección. Como la oposición no dio marcha atrás (con esas bancas lograba la mayoría absoluta), todas las acciones legislativas perdieron validez. Acciones que estuvieron más dirigidas a desestabilizar que a legislar, como el intento de destituir a Maduro declarando su supuesto "abandono de cargo" (¿alguna queja internacional por ese intento golpista?) o la aprobación de un acuerdo pidiendo la intervención de la OEA y la aplicación de su Carta Democrática.

 

El Tribunal Supremo buscaba con esas sentencias desenredar las trabas institucionales impuestas por la parálisis legislativa, sobre todo en lo que tiene que ver con autorizaciones para la firma de convenios e inversiones extranjeras. Evidentemente la presión internacional y el rechazo de la fiscal general Luisa Ortega Díaz llevaron a desandar la iniciativa.

 

Muchos opinólogos y sesudos analistas dejaron en evidencia su total desconocimiento de las particularidades del andamiaje institucional venezolano, reformulado desde el proceso constituyente y la Carta Magna de 1999. Así y todo, esta controversia entre poderes va derivando en un complejo atolladero institucional que el gobierno deberá encauzar con otras fórmulas.

 

3)       Un apoyo local muy escuálido. La arremetida mediática y diplomática internacional no tuvo su correlato en el siempre anhelado y nunca concretado levantamiento popular contra el gobierno. Mientras se multiplicaban los titulares y las editoriales apocalípticas, la oposición venezolana apenas lograba generar alguna que otra acción callejera aislada y una flaca concentración, siempre en las zonas urbanas de clase media-alta, sin poder capitalizar, al menos hasta ahora, el viento a favor de la presión internacional. Como pasó otras veces: a la desestabilización le sigue faltando pueblo. Esto no implica que el clima social sea el mejor ni que se hayan resuelto los problemas derivados de la "guerra económica". Pero el descontento y el hastío por esta difícil cotidianeidad no parecen dar consenso para una salida violenta o una intervención externa.

 

4)       La hipocresía en la actual geometría regional. La OEA realizó una sesión extraordinaria la semana pasada para discutir la situación en Venezuela y lo volverá a hacer en estos días. Lo mismo hicieron el sábado los cancilleres del Mercosur (incluido el "progresista" uruguayo). Los gobiernos neoliberales de la región dicen estar muy preocupados por la población venezolana, que según los informes de la ONU sigue tendiendo mejores indicadores sociales que casi todos los países de la región.

 

5)        

 

Pero nada se dice ni se hace, por ejemplo, a propósito de la crisis institucional que vive Paraguay, con un Congreso incendiado literalmente y un dirigente asesinado por la represión policial tras una maniobra legislativa para imponer la reelección presidencial. Ninguna declaración ni reunión de urgencia frente al sistemático asesinato de líderes sociales en Colombia (156 en los últimos 14 meses según la Defensoría del Pueblo). Ni una palabra sobre Honduras, que tiene la mayor tasa mundial de homicidios. Ningún gesto de indignación por México y su récord de fosas comunes y desaparecidos, que desde marzo suman más de 30 mil según cifras oficiales.

 

 

El mismo silencio histórico de la OEA y los consorcios mediáticos para avalar cada golpe de Estado en América Latina, incluido el que le dieron a Chávez en 2002 cuando sí se disolvieron todos los poderes. Y el mismo libreto con el que expulsaron a Cuba del organismo en 1962. Dan cátedra sobre democracia y derechos humanos quienes ayer nomás bendecían el golpe parlamentario en Brasil, y más atrás en el tiempo aplaudían y se beneficiaban con las dictaduras latinoamericanas. Ahora vuelven a imponer sus `dictablandas´, pero para eso precisan barrer con los proyectos que elijen un camino de soberanía, y a Venezuela como su principal exponente.

 

6)       El debate de fondo: qué democracia se fortalece. Las discusiones sobre este choque de poderes públicos en Venezuela quedaron circunscriptas al aparato estatal formal, al Estado burgués que la transición hacia el socialismo bolivariano supuestamente debería ir superando mientras construye la nueva institucionalidad. Un nuevo Estado que se va prefigurando en las Comunas y sus lógicas de auto-gobierno pero también en iniciativas como el Parlamento Comunal, creado en diciembre de 2015 y menospreciado por el gobierno en este conflicto.

 

Por ahí pasan también los debates internos del chavismo. Dice en un comunicado reciente la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ), principal organización popular venezolana: "¿Cómo concebimos el modelo de democracia que queremos construir? Sabemos que es más que representativa, debe ser fundamentalmente participativa y protagónica. Esto es clave: sin eso se pierde uno de los pilares fundamentales del proceso de transformación en curso. Hoy se discute acerca de la democracia representativa, su curso, la relación entre los poderes, las elecciones por-venir. Pero no se discute sobre la otra, la central, la que nos permitiría construir ese otro país que pensamos".

 

Siempre bancando el proceso chavista desde una mirada crítica, la CRBZ concluye: "La falta de discusión se debe a que se ha ido reduciendo en los hechos la trama de la democracia revolucionaria. Esta situación es entonces una oportunidad para el debate, para preguntarnos qué estamos construyendo, si nos acercamos a la idea de democracia que imaginamos o si por el contrario retrocedemos a concepciones que nos habíamos planteado superar".

 

Más que el acecho imperial o el estado de fragilidad de un gobierno, por ahí va el peligro mayor que enfrenta hoy la revolución bolivariana: la posibilidad de quedar paralizada por sus propias contradicciones.

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                ¿Golpe de Estado en Venezuela? Más bien se trata de evitarlo

 

Mientras se urde el plan para dar la puntilla al orden constitucional en Venezuela, se hacen públicas las conversaciones mantenidas entre el almirante Kurt Tidd, a la sazón comandante en jefe del U.S. Southern Command, con sede en Miami, y el actual secretario general de la OEA, en enero de 2016, Luis Almagro. El objetivo es coordinar la acción de los organismos regionales con un fin: dinamitar el poder legítimo del gobierno encabezado por Nicolás Maduro.

 

Servicios de inteligencia, organizaciones no gubernamentales, corporaciones privadas de comunicación, prensa radio, televisión y redes sociales deben entrar en sincronía y asestar el golpe definitivo. ¿Cuál? Inaugurar un Estado paralelo, encabezado por el Parlamento, en manos de la oposición. La labor inmediata: sentar las bases para hacerlo viable. La estrategia: tensionar el Poder Judicial, desacreditar sus resoluciones, obligar al gobierno a tomar medidas de excepción y, de esa manera, justificar la intervención para salvaguardar, curiosamente, el orden constitucional.

 

El centro de maniobras es la embajada de Estados Unidos en Caracas. Allí se han reunido, infinidad de veces, los partidos de la MUD. Sus salones son un hervidero de reuniones. Militantes, empresarios y banqueros acuden a recibir instrucciones. Agentes con destino en América Latina viajan expresamente a vigilar su desarrollo. El contacto es Tenny Smith, militar de alto grado, perteneciente a la agencia de inteligencia para la Defensa, y Rita Buck Rico, adscrita a la sección de asuntos políticos de los servicios exteriores.

 

El tiempo corre, se busca dar un golpe de efecto a escala global. Durante 2016 y los meses transcurridos de 2017 se acelera la campaña internacional de las esposas y dirigentes del MUD pidiendo la libertad de Leopoldo López y otros, condenados por sedición y ser los responsables políticos del asesinato de 43 venezolanos durante las acciones conocidas como La salida.

 

Los viajes financiados por demócratacristianos, liberales y conservadores, entre otros, dan visibilidad a sus pretensiones. Las delegaciones han sido recibidas por alcaldes, parlamentarios e instituciones en Europa y América Latina. España se convierte en la sede exterior para las maniobras inaugurando una emisora de radio y televisión, financiada con donaciones generosas de PSOE, PP, Ciudadanos, PNV, Convergencia de Cataluña y otros.

 

Ex presidentes de gobierno se suman a la trama. José María Aznar, Felipe González, César Gaviria, Uribe, Ricardo Lagos. Es la excusa para que tomen la palabra gobernantes en activo, como el peruano Pedro Pablo Kuczynski. Iniciada la cruzada, le siguen Michel Temer, en Brasil; Mauricio Macri, en Argentina, y Enrique Peña Nieto, en México. Así se crea una atmósfera putrefacta, reforzada después del triunfo de Donald Trump. El liderazgo de todas esas maniobras será cedido cortésmente al gobierno de Peña Nieto.

 

Mientras tanto se prepara una campaña interna, cuyo eje es el Parlamento, hoy en manos de la oposición, que solicita la intervención extranjera, negándose a cumplir su función legislativa, que es: promulgar y desarrollar leyes. La maniobra tiene como finalidad transformar la Asamblea Nacional en Poder Ejecutivo.

 

Luis Almagro, a la sazón secretario general de la OEA, es el elegido para dar credibilidad al plan y transformar dicha acción en objetivo democrático. La fecha acordada: la celebración en marzo de 2017 de la reunión de la OEA. En ella se pediría aplicar la Carta Democrática, suspendiendo a Venezuela como país miembro, recordando un acto similar al acontecido con Cuba en 1962.

 

Almagro, fiel corre, ve y dile del gobierno de Estados Unidos, desplegó toda su fuerza, junto con el representante de México, Luis Alfonso de Alba Góngora, a quien se atribuye el liderazgo del llamado grupo de los 15 países injerencistas. El objetivo: la firma de un documento que incluyera las tres demandas planteadas por la MUD, en complicidad con la OEA y el Comando Sur, para hacer caer el gobierno de Nicolás Maduro, fijar calendario electoral, liberar a los presos políticos y respetar las decisiones de la Asamblea Nacional.

 

La solicitud de condena, desaprobación y aplicación de sanciones, entre ellos bloqueo, aplicación de la Carta Democrática y suspensión, bajo el pretexto de evitar una crisis humanitaria, fracasó estrepitosamente. Las presiones de Estados Unidos y Almagro no dieron resultado. La declaración final supuso en realidad un reconocimiento al diálogo emprendido por el gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Este traspié acelera el tiempo de la sedición. Ahora se pasa directamente a desconocer el orden constitucional, negándose, la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, a cumplir con las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y, de paso, bloquear las decisiones que competen al Poder Ejecutivo. Ese es el fondo de la controversia.

 

No hay golpe de Estado, hay desacato de la Asamblea Nacional, en manos de la MUD. Autoinhabilitada para cumplir su función legislativa, el Poder Ejecutivo se ve obligado a tomar sus funciones, mecanismo democrático establecido en la Constitución Bolivariana. El resto es teatro mediático, escenificación y llamado a la desestabilización democrática por los diputados que han traicionado a su país pidiendo la intervención extranjera.

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Guatemala: el Estado funciona… cuando le conviene + El abandono de la carrera judicial + Comprometidos, pero para ya +

Guatemala: el Estado funciona… cuando le conviene

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Desde hace algún tiempo viene hablándose insistentemente de Estados fallidos. En realidad no hay tal.

Estos supuestos "fallidos" -como en el caso de Guatemala- son, en todo caso, institucionalidades pobres que defienden la situación dada para que nada cambie. No fallan, en modo alguno: cumplen a cabalidad su función.

 

¿Para qué están los Estados? Supuestamente para garantizar el bien común. Pero si bien eso puede ser la declaración oficial de su cometido, su tarea real es mantener el estado de cosas dado. Dicho en otro término: garantizar que nada cambie, asegurando el núcleo de la sociedad, es decir, la explotación de clase.

 

En los países pobres del Sur, donde las relaciones sociales siguen siendo mucho más en blanco y negro, más brutales, con menos mediatizaciones de las que se pueden encontrar en el Norte (con una institucionalidad y mecanismos estatales que ofrecen un clima de menos explotación brutal, aunque la explotación por supuesto también existe), en esos países el Estado está muy lejos de cumplir su declarada función de regulador social. En el Norte, donde sobran recursos (porque se explota al Sur, porque la acumulación originaria permitió un acopio de recursos muy grande), los Estados medianamente satisfacen las necesidades de su población. En el Sur: no.

 

Para verlo gráficamente, puede tomarse un ejemplo concreto; para el caso: Guatemala. Allí hace ya casi dos siglos que existe un Estado moderno, calcado sobre la base de las potencias capitalistas surgidas primeramente: algunas de Europa y Estados Unidos. Con una Constitución que repite los patrones de la ideología iluminista dieciochesca, el Estado de Guatemala -como el de cualquier país tercermundista, con su himno nacional y toda la parafernalia simbólica al respecto- declara principios universales para el bienestar común.

 

Pero la práctica muestra que no los cumple. En el Norte, porque hay una mayor acumulación, para la clase trabajadora llegan muchos beneficios. La carga impositiva vuelve al pueblo en forma de servicios eficientes. En el Sur no. El Estado se limita a declarar en el papel cosas altisonantes que en la realidad no cumple, pues las clases dominantes acumulan la mayor parte de la riqueza. La asimetría en el acceso a la riqueza es inmoral.

 

Véase el caso de Guatemala. ¿Sirve ahí el Estado? ¿Es fallido, o le sirve a alguien? A las grandes mayorías no parece servirle mucho. Pero a la clase dominante sí.

 

Es un Estado raquítico, al menos en cuanto a su recaudación fiscal. En los países latinoamericanos la media del ingreso fiscal es de alrededor de un 20% del Producto Bruto Interno; en países con "estado de bienestar" la carga impositiva llega al 50% de ese PBI, en tanto que en Guatemala ronda apenas el 10%, la segunda más baja del continente americano, detrás de Haití. Partiendo de la base que es un Estado pobre, muy pobre, con muy pocos recursos para trabajar, la cuestión se complica cuando se observa a quién apunta su objetivo. A llenar realmente las necesidades populares: definitivamente no. A mantener la situación de explotación: sí.

 

Se dice que el Estado es "fallido", pero cuando tuvo que defender a capa y espada los privilegios de la clase dominante durante la pasada guerra interna (la más cruenta de toda Latinoamérica en estos años de "guerras sucias", con terrorismo de Estado, campos de concentración clandestinos y cámaras de tortura a la orden del día), su papel se cumplió a la perfección. Quien masacró la protesta popular fue el Estado.

 

¿Falló en su cometido de contener el avance de las luchas populares de los años 60/70 del siglo pasado? ¡En absoluto! Su papel fue decisivo para impedir el avance del "comunismo internacional".

 

Para graficar todo esto, compárese cómo "falla" en un servicio público básico tal como la educación, y cómo actúa aceitadamente para reprimir.

 

 

Estado represor: una pequeña muestra

Durante los sangrientos años de la guerra interna, el Estado contrainsurgente desarrolló un enorme aparato clandestino para frenar cualquier organización popular que pudiera ser contestataria. Para ello valió todo, incluso violar abiertamente los principios declarados en la Constitución. La desaparición forzada de personas fue uno de sus instrumentos privilegiados, sacando de circulación luchadores populares enviando así un mensaje aterrorizante, paralizante al resto de la población.

 

"Sigue la consigna que por ningún motivo hay que mostrar el libro de control de detenidos a los jueces que vienen a practicar exhibición personal de algún detenido. Esto es orden del jefe.", puede leerse, por ejemplo, en un Memorándum con fecha 23 de julio de 1980, firmado por el Jefe de Servicios, actualmente resguardado en el Archivo Histórico de la Policía Nacional (Referencia archivística: GT PN 24-09-02 S001).

 

El Estado sabía lo que hacía. La guerra contra ese ataque subversivo fue despiadada y, desaparición forzada de personas y masacres de tierra arrasada mediante, el Estado se impuso. El "comunismo" fue rechazado. Las cosas siguieron "normales": como diría Joan Manuel Serrat: "Vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas".

 

¿Falló el Estado? Definitivamente no. En su tarea básica, en mantener las cosas de base sin cambio, en mantener la estructura social firme (el pobre a su pobreza, el rico a su riqueza, y ¿todos felices?), en eso no falló. Pero sí falla en, por ejemplo, brindar educación.

 

 

Violación del derecho de acceso a la educación pública gratuita

Gratuidad

En el artículo 74 la Constitución establece el derecho y la obligatoriedad de la educación: "los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básica, dentro de los límites de edad que fija la ley. La educación impartida por el Estado es gratuita. (…) El Estado promoverá la educación especial, la diversificada y la extraescolar".

 

La ficticia gratuidad

El compromiso asumido por el Estado de brindar educación gratuita en los establecimientos públicos es algo que se desmiente en la cotidianidad de las familias en condición de pobreza y pobreza extrema.

 

Algunas escuelas públicas realizan cobros adicionales como "donaciones" o "colaboraciones voluntarias" para los gastos que el Estado no asume. Estos cobros se justifican como una ayuda para: el mantenimiento de la escuela, la seguridad de la misma, la compra de artículos de limpieza, etc.

 

Estas "colaboraciones voluntarias" se exigen como requisito para la inscripción de las niñas y niños a la escuela. Estos cobros que constituyen una clara violación al derecho a la educación. Además de ser ilegales y violatorios de ese derecho fundamental, son arbitrarios (pues cada establecimiento educativo asume un criterio propio) y constituyen uno de los impedimentos principales para que las niñas y niños que provienen de comunidades de extrema pobreza ingresen, permanezcan y sean promovidos en la escuela.

 

Lo anterior se detalla en la siguiente gráfica:

Inversión familiar en educación en sector público:

Rangos de cobro por inscripción en institutos públicos (mantenimiento, computación, seguridad)

Q 30.00 a Q. 75.00 (Nivel Pre-primario y Primario)

Q 50.00 a Q. 300.00 (Nivel Básico).

Mensualidades: complemento al salario de maestros, refacción, mantenimiento, computación, seguridad privada

Q40.00 (Nivel Pre-primario y Primario)

Q 50.00 (Nivel básico)

Q 150.00 (Nivel diversificado)

Compra de útiles

Q150.00 (Lista de útiles de Pre-primaria)

Q 250.00 (Lista de útiles Nivel Primaria)

Q 709.00 a Q1,550.00 (Útiles y libros Básicos)

Q 510.00 a Q705.00 (Útiles y libros Diversificado)

Uniformes de diario/educación física

Q 90.00 a Q130.00

Cobros por exámenes, por excursión, manualidades, disfraces, eventos como graduaciones, marchas, graduaciones de preparatoria, de sexto grado, de tercero básico, de diversificado

Q 10.00 a Q. 75.00 salidas extra-aula

Q 50.00 a Q300.00 acto de graduación

Fuente: Movimiento Cuarto Mundo, 2014.

 

Las familias que tienen a sus hijos en primaria tienen que invertir en el primer mes del ciclo escolar Q.450.00 por cada hija/o, y en básicos un aproximado de Q.1, 400.00 por cada hija/o. Estos gastos tienen que ver con compra de útiles escolares, uniformes y el pago de las "colaboraciones voluntarias". Estas cantidades resultan casi imposibles de asumir para las familias más pobres, lo cual imposibilita el acceso de sus hijos a la educación, o bien les obliga a elegir a quién mandan a estudiar y a quién no.

 

Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011-2012 del PNUD, el 62% de la población vive en pobreza media, y el 30% en pobreza extrema. El ingreso para una persona (a veces para toda una familia) que vive en condición de pobreza extrema es aproximadamente de Q600 al mes. Por lo tanto, los Q450.00 requeridos por cada hija/o en el primer mes del ciclo escolar representan el 75% del ingreso de una persona en pobreza extrema. Poder realizar estos gastos para algunas familias se vuelve casi imposible, más cuando se tienen que mandar a varios niños a estudiar. Esto ocasiona que se viole el derecho a la educación, al no poder ser accesible por limitaciones económicas.

 

Si con gran esfuerzo logran superar estos obstáculos, la gratuidad de la educación sigue haciéndose menos evidente. Los centros educativos piden "contribuciones voluntarias" a lo largo del año para: excursiones y/o actividades recreativas -de las cuales algunas son obligatorias y su inasistencia afecta negativamente la nota de los estudiantes-, fotocopias de los exámenes, pago de mensualidades (a nivel de la educación básica), etc.

 

A esto se suma el dinero que tienen que gastar para hacer tareas e investigaciones en internet cuando en muchas escuelas no se enseña computación ni se cuenta con una biblioteca cercana para realizar las investigaciones; en algunos casos realizar gastos en pasajes para el traslado hacia los centros educativos; refacciones, etc.

 

Todos los gastos mencionados hacen que, aunque algunos estudiantes logren entrar, luego no puedan continuar y terminen, finalmente, fuera del sistema educativo. En otros términos: el Estado sigue incumpliendo un derecho básico para niñas, niños y jóvenes como es el acceso a la educación gratuita.

 

 

Educación de calidad y universal

Si bien la gratuidad de la educación, así como su calidad y el acceso universal a la misma, están consagradas en la Constitución de la República, el hecho es que la situación imperante lleva a muchas familias a enviar a sus hijas/os a instituciones privadas, a partir de la insistente prédica que identifica lo privado como de alta calidad, y lo público como mediocre. Situación ésta que termina negando el principio básico de la gratuidad educativa, e impidiendo que una alta cantidad de niñas, niños y adolescentes sean así objeto de violación a su derecho a la educación.

 

Del mismo modo, la precariedad presupuestaria y la falta de voluntad política de mantener un sistema educativo competente por parte del Estado, hace que el servicio brindado sea deficiente, con pocos días de clases, con falta de planificación y con carencias que van en detrimento del derecho a educarse, negándosele ese derecho en especial a las mujeres.

 

Conclusión

No es cierto, en modo alguno, que el Estado falle en su objetivo final. Lo que el proyecto de la clase dominante desea es un país con mano de obra barata, desorganizada, atontada (¿por eso se consumirá tanto alcohol?). Una clase trabajadora apta para mover la industria básica de la que vive esa clase dominante: cultivos para la exportación (azúcar, palma africana, café), que no proteste, asustada. Si esa clase trabajadora (la mayoría del país) vive en la ignorancia, excluida, sin posibilidades, teniendo el viaje "de mojado" a Estados Unidos como una opción (11% del PBI lo aportan las remesas), el Estado se desentiende.

 

Y casualmente todo eso (la exclusión, la pobreza, el embrutecimiento) es lo que realmente sucede: ¿por qué el Estado contrainsurgente pudo funcionar tan acompasadamente y para la educación nunca hay recursos?

Quizá es hora de ir pensando en otro tipo de Estado. No se trata de personas, del funcionario de turno, de personalidades del presidente, de los ministros o de los diputados, que son más o menos corruptos. ¡Es una cuestión de base, estructural! Este Estado no sirve a las mayorías populares, definitivament

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El abandono de la carrera judicial

 

La parte medular de la reforma constitucional que fue propuesta al Congreso de la República está en la forma de integrar nuestras Cortes de manera que puedan operar sin las interferencias que se derivan de la cooptación del sistema de justicia, y para ello se intentó dar preeminencia a la carrera judicial, lo que eliminaría el papel protagónico que juegan operadores, criminales o políticos, que rondan el proceso de las Comisiones de Postulación.

 

Alguna gente piensa que nuestro Sistema de Justicia actual no es buen punto de partida para que sea la carrera judicial el semillero de nuestros magistrados, pero la verdad es que muchos de los juzgadores que actualmente se desempeñan en distintos juzgados, Salas de Apelaciones y Cortes, actuarían de manera muy distinta si no tienen que andar pensando en que deben quedar bien con los que en verdad deciden a quién se postula y a quién se margina. Jueces que se involucran en el trabajo precisamente porque tienen vocación muchas veces se desvían porque de no ceder a las condiciones que plantean los operadores de los poderes ocultos verían terminada su carrera en la administración de justicia.

 

En cambio, si la carrera judicial se encarga de eficientes sistemas de evaluación, los buenos jueces serían los que tienen el futuro asegurado, mientras que aquellos que tienen que enfrentar a cada rato proceso disciplinarios son los que van quedando fuera en un proceso natural de depuración que haría un gran beneficio a la lucha contra la impunidad en nuestro país.

 

Es un hecho que vivimos en condiciones totalmente anormales, tanto así que como ciudadanía hemos llegado paradójicamente a asumir como la cosa más normal del mundo el convivir con la corrupción como una práctica diaria. No puede haber anomalía mayor que esa aberración para entender nuestro rol como ciudadanos y para comprender que ningún país ni sociedad tiene posibilidades en tanto se mantenga esa visión tan funesta. Porque enseñamos a las nuevas generaciones que la corrupción no es más que un medio para obtener diversos fines que nos permiten satisfacer nuestras ambiciones, no digamos nuestras necesidades.

 

Cuando alguna persona me ha cuestionado el tema de una reforma al Sector Justicia que coloque en el centro del proceso de designación el valor de la carrera judicial, siempre respondo que la mayoría de juzgadores que terminan sirviendo al régimen de impunidad lo hacen porque el sistema no premia al honrado sino que lo hace con el que sabe quedar bien con quienes mueven los tentáculos desde los poderes ocultos. Aquí un buen juez no tiene estímulo alguno mientras que aquel que se coloca hábilmente al servicio de los poderes fácticos, garantiza una meteórica carrera porque al ganarse la confianza de los que tienen el control efectivo de la justicia pueden hasta empezar a soñar en ocupar alguna de las más altas magistraturas.

 

Y eso es lo que debemos cambiar. Que cada juez sepa que su futuro depende de su capacidad y de su probidad, como ocurre en otros lugares del mundo. Ese estímulo será suficiente para producir un cambio cualitativo en el aparato judicial.

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Comprometidos, pero para ya

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En general, en Guatemala se quiere presentar la gente con un pin de "compromiso" en la lucha contra la corrupción y la impunidad que el Ministerio Público y la CICIG han llevado contra las estructuras de poder político, económico y criminal que se han aprovechado históricamente.

 

Si se trata del poder político, pareciera que quieren que se haga un fortalecimiento del sector justicia que llegue a procesar y alcanzar a todos aquellos que son los enemigos y contrincantes, pero no contra las malas prácticas que todas las organizaciones tienen a lo interno. Menos, por el ejercicio del poder en gestiones anteriores.

 

Los diputados se encargan ahora de hablar de soberanía y de querer aprobar las reformas que terminen siendo una amnistía para todos los que han participado en el saqueo del Estado. Si tanto les importa la soberanía, que demuestren que respetan al mismo electorado que está urgido de una representación real y no de mercaderes que lleguen a destazar el Listado Geográfico de Obras y a hacerse millonarios por la venta de su voto.

 

Algunos empresarios afirman que están comprometidos con la lucha contra la corrupción, pero la verdad es que genera alergias y hasta terribles temores que haya un caso contra ellos y es entonces cuando consideran que hay excesos y que se está saliendo de las manos este esfuerzo por redireccionar el trabajo de la Justicia en Guatemala.

 

Hasta en los mismos medios de comunicación hemos sido testigos cómo hay algunos que se han nutrido con el dinero de la corrupción y la sociedad ha sido tan pobre a la hora de calificarlos que sigue escuchando, leyendo y viendo sus materiales. Hay quienes son excelentes investigadores, pero no pudieron ver que sus salarios se los pagaban las mordidas de licencias.

 

En fin que el nuevo gran reto de Guatemala es decidir qué tan comprometidos estamos realmente. La variedad de formas de identificación con la lucha contra la impunidad es evidencia de que sabemos que todo está con urgencia de arreglo, pero también de la complicidad social que a muchos les impide pensar en las colas que se les pueden machucar.

 

Tenemos la necesidad de enfocarnos en el largo plazo y decidir qué tipo de país le queremos dejar a nuestros hijos y nietos. Podemos optar por detenernos y dejar que se vuelvan a reforzar las estructuras de poder paralelo y que se condene a los que no tienen nada a seguir en la pobreza y el abandono que provoca la corrupción. Pero también podemos sacrificarnos, recorrer caminos nuevos y buscar un país distinto.

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Un sistema que garantiza la corrupción + El trasfondo del ataque a la ministra de Salud + Lejos de la última estocada + No es el Estado: son los funcionarios y empleados

 

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Un sistema que garantiza la corrupción

 

«Guatemala ha sido diseñada para la impunidad. Todo se pensó para que la justicia no funcionara» (Iván Velásquez).

 

El comisionado Iván Velásquez está de nuevo en el centro de la atención mediática nacional, debido a que ha puesto nuevamente el dedo en la llaga: la crisis institucional y política que vivimos es de proporciones monstruosas.

 

Para entender al comisionado hay que decir que, desde que empezó la tarea de enfrentar la corrupción del más alto nivel, la institución que dirige ha sido blanco de numerosos ataques mediáticos y de fúricos mensajes enviados por redes sociales, así como de varios intentos orquestados desde los poderes del Estado para bloquear, influir o detener el curso de las investigaciones. El más reciente, el fallido intento del Congreso por vacunarse en contra de futuros procesos judiciales por posibles actos de corrupción cometidos en los últimos años.

 

La discusión generada en las últimas horas vuelve a poner en evidencia que el comisionado ha situado el problema en su justa dimensión: no se trata solo de funcionarios corruptos aislados, sino de todo un entramado legal, institucional, administrativo, cultural y de prácticas hondamente arraigadas que ha favorecido un modus operandi afincado en la desviación del deber ser, de manera que usar el ordenamiento legal e institucional para fines particulares se convirtió en la regla, y no en la excepción.

 

Las declaraciones del peruano José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, también contribuyeron a desmitificar la idea de un complot de izquierdas en Guatemala: la corrupción no tiene ideología, por lo que es entendible que tanto destacados analistas de la izquierda como los más visibles operadores de la extrema derecha coincidan en su acérrima crítica a lo que llaman una «flagrante intervención internacional».

 

El concepto de anomia regulada y su aterrizaje en el tema de la anomia del Estado intentan describir la profundidad del problema, de manera que le brindan estructura y profundidad a las palabras del comisionado Velásquez: la crisis es mucho más profunda, compleja y real de lo que todos hemos imaginado.

 

La buena noticia es que este período nos ha dado mucha información sobre la forma como opera la corrupción y los mecanismos que ha desarrollado. De ese modo, si nos tomamos en serio la tarea de combatir este flagelo, tendremos una agenda de cambio y de transformación que tarde o temprano permitiría recuperar la institucionalidad estatal para devolverle el sentido que algún día debió tener.

 

La conciencia del problema, sin embargo, debe convencernos igualmente de que no tenemos ni las herramientas teóricas necesarias ni la disposición anímica o estratégica para enfrentar la tarea de reconstruir este nuestro Estado en crisis endémica: debemos desterrar, para empezar, la esperanza de que el cambio puede lograrse en el corto plazo con acciones puntuales, como las reformas legales e institucionales.

 

Si queremos tener éxito, debemos trazar toda una línea de estrategias que empiecen en las reformas, pero que se estabilicen en muchas otras áreas prioritarias, de manera que algún día empecemos a ver cambios graduales en las condiciones actuales.

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El trasfondo del ataque a la ministra de Salud

 

¿Qué es lo que hay detrás del ataque a la ministra de Salud? ¿El grupo de diputados que intentó interpelarla actuó por intereses propios o por instrucciones de alguien?

 

El intento fallido de interpelar a la ministra de Salud Pública y Asistencia Social es relevante por varias razones. La obvia es el enorme y diverso respaldo ciudadano que generó porque, si bien inexperta en asuntos de administración pública, para la percepción pública pesa muchísimo más el convencimiento de que es una profesional bien preparada, comprometida con su trabajo.

 

Por encima de todo, y en agudo contraste con muchos de sus predecesores en el cargo, se la percibe proba y honesta, por lo cual no se ha sometido a los intereses de las empresas farmacéuticas, de los proveedores de insumos hospitalarios y de los financistas de la campaña electoral.

 

La afiliación ideológica de la ministra Lucrecia Hernández no fue impedimento para que la apoyaran incluso personas con posiciones ideológicas distintas. Además del apoyo de sus pares y correligionarios, también la apoyaron instituciones como la Fundación para el Desarrollo de Guatemala o el mismo empresario Felipe Bosch.

 

La parte derrotada del episodio la encabeza el diputado Luis Hernández Azmitia, quien cada vez ve más frustrado su intento de promocionarse como paladín de la salud pública. Le sigue un triste séquito, como Karla Martínez o Estuardo Galdámez, que destacan por ser regurgitaciones sucias y vergonzosas de los partidos Líder y Patriota.

 

En política, rara vez acciones como las de estos diputados son producto de la casualidad. ¿Será que el ataque a la ministra de Salud estuvo motivado solo por los intereses aviesos de ese grupo de diputados? ¿O, como es común, actuaron atendiendo los intereses de otros, molestos por las acciones de la ministra?

 

Buscar quiénes podrían estar siendo afectados por una gestión proba en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) es una tarea más bien fácil. ¡Los hay de sobra! Baste revisar la pequeña muestra que constituyen los casos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala denominados Cooptación del Estado, IGSS-Pisa y Negociantes de la Salud para demostrar los vínculos entre proveedores de insumos para el sector salud, financiamiento electoral y corrupción.

 

Así pues, sobran poderosos que perfectamente pudieron haber encargado el trabajo de montar el ataque en el Congreso en contra de la ministra a cambio de favores y de financiamiento para la reelección de algunos de los dipugánsteres de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso.

 

Pero, además de los intereses de los negociantes de la salud, algunos intereses políticos electorales también podrían estar en juego. Son un secreto a voces las aspiraciones políticas de Andrés Botrán, comisionado presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica, que les ha puesto el ojo a los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y a la centena de millones de dólares de un préstamo para financiarlos. Sin embargo, la misma Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia recomendó que era conveniente que ese préstamo lo ejecutara el MSPAS, y no el Mides.

 

O sea, la ministra de Salud podría estar amenazando el financiamiento para las aspiraciones electorales de Botrán, un proyecto político al cual el diputado Hernández Azmitia podría estar apoyando desde el Congreso. Cierto o no (será cuestión de meses para saberlo), este entramado ilustra que haber frenado la interpelación espuria a la ministra de Salud puede tener un trasfondo complejo, algo parecido a la diferencia entre la vieja política y la nueva.

 

Pero, sobre todo, este caso vuelve a demostrar el poder de una ciudadanía activa, que no debe dormirse en los laureles de 2015, sino estar en alerta vigilante y constante.

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      Lejos de la última estocada

 

El diagnóstico del señor Iván Velásquez, comisionado de la CICIG, es acertado.  El aparato funciona al servicio de la impunidad y fue construido a la medida de los intereses de los pícaros.  No cabe duda.  Así como que, aún no hemos tocado fondo y las fuerzas del mal conspiran para revolver las aguas y regresar donde estábamos.

 

Sus declaraciones deben interpretarse más allá de lo que sabemos.  Velásquez nos pone en guardia fundamentalmente para proteger las pequeñas conquistas que se han dado, con sus defectos e imperfecciones.  Nos advierte que no se ha dicho la última palabra y que debemos seguir empujando para que los pícaros no solo se sonrojen al leer los periódicos, sino que paguen con justicia sus fechorías en las cárceles.

 

Es una labor de todos, aunque solo sean algunos valientes los que den la cara.  Hay que respaldarlos, acuerparlos y acompañarlos a efecto de que no se sientan solos y los pillos los apuñalen en un callejón solitario.  La meta es constituir una cultura de justicia en el que resulte bochornoso el asalto y se castigue con certeza a los delincuentes, cualquiera sea su presentación.

 

La impunidad debe quedarse en los libros de historia, ubicado en el lugar de uno de los capítulos de vergüenza.  Resaltando los nombres que protagonizaron la infamia: Pérez Molina, Baldetti Elías, et alt… sin soslayar el pasado oprobioso inaugurado desde el gobierno de Cerezo Arévalo.  Hacer memoria del descaro, la patraña y la omisión de una sociedad civil que jugó a la indiferencia.

 

Hay mucho por hacer, dice Velásquez, pero lo más importante es haber empezado. Corresponde seguir el relato del discurso de la justicia y hacer oídos sordos a la trama conspiradora que sale de los cucaracheros de los cuarteles.  Estar alertas de las maniobras de quienes contratan plumas y ejecutan ardides contra los funcionarios que son punta de lanza contra la impunidad.  Ser valientes para dar la estocada final al aparato impune que no se resigna a desaparecer.

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No es el Estado: son los funcionarios y empleados

 

Tikal es uno de los destinos más solicitados por el turismo extranjero, al cual llegan centenares de visitantes en cualquier época del año; considerado como paraíso turístico con alta rentabilidad económica en Guatemala, concentra mayormente las bondades de la naturaleza con la arquitectura maya a pesar del abandono que ha tenido en diferentes ocasiones.

 

Lamentablemente la delincuencia común sentó sus reales en dicho territorio y ensombrece la felicidad de muchos turistas al ser asaltados y despojados de sus bienes; por su parte, el gobierno de nuestro país no cuenta con la estructura policial que pueda brindar la seguridad y tranquilidad necesaria para la feliz estadía de los visitantes.

 

El problema en materia turística es enfrentar la vieja permisibilidad de operación delictiva en Petén, pues ni la policía ni el ejército ejercen un control real en ese territorio y en especial en los lugares turísticos; pues a decir de los vecinos, las principales autoridades se asociaron con los delincuentes antes que responder a las necesidades de los pobladores protegiéndolos de los efectos secundarios de la violencia desplegada por los grupos que controlan el flujo y/o trasiego de droga en esa zona.

 

El repunte de la delincuencia común encuentra explicación en que no hubiera tenido la posibilidad de realizar este tipo de tratos sin la complacencia de las autoridades que les han protegido desde entonces; y las consecuencias son nefastas para el turismo y la población, pues hay que remarcar que la obligación del Gobierno es brindar seguridad a sus pobladores.

 

NO ES EL ESTADO EL FALLIDO; LOS FALLIDOS COMO CIUDADANOS SON la caterva y ensarta de funcionarios y empleados al servicio del Estado quienes descollan por su falta de honradez, dignidad, honestidad y demás valores sociales, morales y espirituales para desarrollar sus funciones de manera correcta, pues en lugar de eso, aprovechan las oportunidades para robar, engañar, dilapidar, despilfarrar, malversar los bienes del Estado, entre ellos el dinero destinado para realizar obras físicas (escuelas, institutos, puentes, carreteras, electricidad y otros).

 

¿Quién o quiénes tienen interés especial en que no exista oposición a sus intereses económicos? Los que utilizan para ello a los políticos (personas ineptas en su mayoría) ignorantes, iletrados, delincuentes de todos los estratos sociales, hampones y más. ¿Quiere corroborar lo anterior? Dele un vistazo a los periódicos de los tres últimos años y comprenderá que el denominador común entre ellos es el servilismo a sus amos y patronos, los verdaderos propietarios de esta fincona que se llama Guatemala.

 

Los buenos deseos y los discursos oficiales no pueden sacarnos del caos que vivimos; hay anarquía en todos lados, indignación por otros, lamentaciones y frustraciones, pero no hay felicitaciones al régimen ¿por qué será? Simplemente porque no se las merecen. Mientras tanto, que se jodan los ciudadanos.

 

El hombre sabio no debe abstenerse de participar en el gobierno, pues es delito renunciar a ser útil a los necesitados y una cobardía ceder el paso a los indignos.